Alcalde Ospina, deje de timar a los vendedores informales de Cali

Desde hace algunos meses, la alcaldía de Cali ha estado realizando registro de los vendedores informales; uno que lejos de ayudarlos a legalizar, regular y facilitar su labor de supervivencia, les empeora su situación.

Según el DANE (2021), en Cali existen 271.000 desempleados, 428.000 trabajadores por cuenta propia, 560.000 trabajadores informales y 295.000 trabajadores inactivos (realizando labores domésticas no remuneradas). 

En días recientes, el Sindicato de trabajadores independientes y de la economía informal, UGTI-CUT, realizó una denuncia pública a través del Canal 2 de Cali con respecto al Registro de Vendedores Informales, una medida del Acuerdo 0424 y de la Ley 1988 (Ley de la empanada). Se trata, como lo expresa el Acuerdo 0424, de una caracterización socio-económica (Art. 3 numeral 2) con el nombre e identidad de la persona, que quedará archivada en bases de datos de la administración. 

Y es que estos trabajadores, llamados informales, aunque no gozan de ningún beneficio del que goza un trabajador, no tienen garantías. Pero los pocos beneficios a los que pueden aspirar, como es el de tener un ingreso de dinero que muchas veces no alcanza para el diario, mucho menos para un beneficio tan básico como el ahorro o la cotización de pensiones, no deberían estar en entredicho. 

Lo reprochable de estas prácticas de censo o registro es que, al parecer, para lograr que los vendedores se registren, los funcionarios que los invitan a ello prometen ayudas, carné y un permiso para trabajar e incluso hasta reubicación en una caseta, como nos cuenta la denuncia hecha a través de Canal 2.

En ningún lugar del citado Acuerdo se estipulan presupuestos para beneficiar a los actuales vendedores ambulantes o informales, tampoco se estipulan reubicaciones ni formalización de su actividad a través de un carné. Por el contrario, engañan a los vendedores que, con la ilusión de formalizar un poco su actividad, podrían estar firmando su sentencia de muerte. 

Un ejemplo de las formas en las que se pueden ver afectadas y afectados al diligenciar el registro 

Recientemente, el Sisben, o Instrumento de focalización para la identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, al haber cambiado los criterios de evaluación, reclasificó a millones de personas, entre ellos vendedores. Al quedar con un puntaje más alto, son sacados del sistema básico y quedan sin una mínima cobertura de salud, aún cuando en sus vidas tienen necesidades reales, inestabilidad y son población vulnerable. 

Según Javier López, presidente de la agremiación, esta misma metodología es la que se pretende aplicar por medio de los Registros. Tener vivienda propia, carro o moto, subsidios del estado o remesas del exterior incluso, o tener electrodomésticos como nevera, lavadora, equipo de sonido, etc. Puede llevar a los miembros del gremio que llenen el registro a perder su condición oficial de población vulnerable, siendo así violados sus derechos básicos.

De igual manera, aquellos reclasificados por el Sisben con un puntaje más alto pueden ser identificados y reclasificados también en el Registro de vendedores informales como personas no vulnerables.

Lo peor, es que al haber firmado al final del formulario digital de registro no cualquier acuerdo sino una declaración de veracidad bajo la gravedad del juramento, el vendedor se expone a una sanción penal por falso testimonio (entre 6 a 12 años de prisión, Código penal, art. 442) y es prueba irrefutable que queda como respaldo. 

Además de la falta de honestidad del gobierno local, quien no acepta que se trata de políticas para justificar y legalizar el desalojo, a través del sistema de registro propuesto por la Alcaldía de Cali, los vendedores ambulantes o informales de Cali pueden verse pues privados del derecho a trabajar, si el sistema considera que “no lo necesitan”. Que no tienen entonces derecho a usar el espacio público para ejercer actividades comerciales.

Los vendedores ambulantes o informales no deberían temer represalias de un estado que no les ayuda, pero tampoco los deja ayudarse. Muchas veces vemos ancianos, personas mayores en las calles pidiendo alguna colaboración. Esas son las personas olvidadas del sistema de pensiones y trabajo de este país. Las estadísticas muestran que un 38,1% no cotiza en Colombia porque no le alcanza la plata para cotizar (2019). En Colombia, tan sólo un 60,1% cotiza para pensiones.

Pero el fin último del Acuerdo 0424, como estipulan los puntos 4 y 5 de los objetivos del mismo, es evidentemente la privatización del espacio público con fines lucrativos y neoliberales.

Se trata de políticas públicas que pretenden privatizar el espacio público, en acuerdo con proyectos propuestos recientemente, que él califica como “desarrollo”, como es el de construir una plazoleta de comidas al interior de la galería Alameda, o como lo que sucedió bajo el gobierno del mismo Ospina hace algunos años con nuestra amada Feria de Cali. Por sus frutos los conoceréis.