Revista Digital CECAN E3

Examinar. Entender. Evaluar

¿Cómo se ve el futuro del país?

Ha transcurrido más de un año de la desaceleración de la economía, que inició con las manifestaciones de estudiantes, sindicatos y grupos ciudadanos demostrando inconformidad con la situación del país, luego la caída del petróleo y sus efectos fiscales devastadores para las finanzas públicas y para el sector productivo, en especial para las micro y pequeñas empresas que disminuyeron sus ventas y desmejoraron su situación de caja.

En marzo del 2020 aparece la pandemia del Covid 19 y con ello la necesidad de tomar medidas de bioseguridad, cierres y cuarentenas; ante esta dura realidad,  el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales y Municipales salen a enfrentar los impactos con base en las dos emergencias económicas y con medidas poco efectivas en lo regional, por la mala situación de los erarios públicos de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali (ambas en programas en ajuste fiscal).

En otros artículos fuimos reiterativos en demostrar que las medidas de la Reactivación Económica y Social  del Gobierno Nacional y de los entes territoriales, no fueron ni suficientes ni oportunas, prueba de ello es que todavía hay recursos represados sin entregar -364.000 subsidios provenientes de los programas de ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción y Colombia mayor- (Revista Portafolio. Entrevista con Susana Correa, directora del DPS), además, solo el 20% de la Mipymes del país fueron beneficiadas con los créditos y ayudas gubernamentales porque el Gobierno no flexibilizo la política de colocación de recursos de Bancoldex y la banca privada mucho menos porque la mayoría de las empresas del país son Mipymes (94%).

Imagen tomada de eltiempo.com

El PAEF o subsidio a la nómina en segunda versión, se hizo para empresas con más de tres empleados y la mayoría de ellas tienen solo dos empleados, la DIAN inició los cobros coactivos y terminaron de asfixiar a los pequeños empresarios, tampoco se han flexibilizado las fechas de cobro y como si fuera poco las Secretarías de Hacienda Municipales emitieron embargos a bienes muebles e inmuebles, en vez de haber hecho más por los contribuyentes que estaban cerrados, sin liquidez y un buen número pasaron a ser informales. Esto solo para mencionar unas pocas consecuencias, amén del crecimiento del desempleo (20%), del crecimiento de la pobreza económica, multidimensional y la extrema que subió a más del 30%, la informalidad (70%) y la caída del PIB.

Para colmo de males la OCDE realizó un ranking de resiliencia del Covid y Colombia quedó de 51 entre 54 países. No creo que necesiten más pruebas para justificar la hipótesis que he venido planteando sobre cómo en general las ayudas monetarias, mercados y donaciones solo llegaron y favorecieron a un 20 % de la población más vulnerable, al 20 % de las empresas medianas y grandes y solo se salvaron ciertos sectores como la construcción, el sector financiero -que nunca pierde- el sector agro y las productoras de comestibles, actividades inmobiliarias y la administración pública, donde no hubo recortes de salarios y muy poquito de las nóminas paralelas que dejó en el 2020 un decrecimiento económico del -6.8%, una reducción del consumo en los hogares del 5.8%, las exportaciones bajaron el 17.4%, la inversión se contrajo un 21.2% y se calcula, según Fedesarrollo, que familias empresas y el Estado perdieron $70 billones, lo que hace suponer que debemos remar muy duro estos próximos 10 o 12 años para llegar a la situación que traíamos en el 2019.

Imagen tomada de france24.com

Dicho de otra manera hemos vivido “una catástrofe igual a una guerra mundial”, como lo decía recientemente Kico Becerra. Y coincido con el hecho de que, además, el Gobierno Nacional aprobó un CONPES de Reactivación Económica al 2026 que plantea revisar las ayudas sociales, impulsar la formalización y más apoyo a la empresas y los hogares (¿SERÁ QUE TIENEN COMPLEJO DE CULPA POR LO POCO QUE DIERON EN EL 2020?) De acuerdo con el DNP, el 44% de las acciones van dirigidas a los hogares (798 iniciativas), el 37% al sector productivo (671 iniciativas) y el 19% al Gobierno (355 acciones)

El CONPES recoge el programa Compromiso por Colombia que estima una inversión de $170 billones al 2026, que para ser sinceros no veo de qué medio los van a obtener.

Me temo que el Gobierno piensa sacar unos buenos billones con la Reforma Fiscal y Tributaria (no comparto esta última  por considerarla regresiva y sí piensa ampliar la base gravable, ¿Ustedes creen que con la clase media tan golpeada y una mayor gente que entró a la pobreza se podrán mejorar los ingresos?), difícilmente lo lograrán porque, además, utilizarán inversión privada (acuerdos público-privados), reducción de gastos de funcionamiento del aparato estatal, créditos nacionales e internacionales y refinanciación de la deuda pública. Pero déjenme decirles que eso sería más complejo.

Creo sinceramente que es más fácil incrementar la lucha contra la corrupción, la evasión , la elusión, eliminar algunas dependencias con alta burocracia, por ejemplo, las altas consejerías de Presidencia, rebajar el tamaño del Congreso y los ingresos mensuales de los HP (Honorables Parlamentarios),  que dicho sea de paso, han estado ajenos a esta dramática realidad aquí descrita , salvo honrosas excepciones, y se han dedicado a formar coaliciones. Bien lo decía Jorge Eliecer Gaitán,  el país político de espaldas al país nacional.

Frente al fondeo o fuentes de financiación considero, al igual que Mauricio Cabrera, que si bien se necesita una reforma fiscal (mayor efectividad del gasto público) esta, debe estar acompañada de «políticas  que tengan en cuenta a quienes realmente beneficia, o sea privilegiar a los más vulnerables, conocer el impacto sobre las causas de la recesión (adecuadas y oportunas) y que sean suficientes para mitigar los efectos de la crisis. (El gasto en la pandemia no superó el 3% del PIB)”  En pocas palabras, políticas de reactivación económica que ayuden a aliviar la pobreza, reducir el desempleo y disminuir la desigualdad.

Imagen tomada de eltiempo.com

Para hacer realidad esta visión prospectiva, se necesita que este gobierno, o el próximo, sea más audaz y declare una nueva emergencia económica y social que le permita al Gobierno Central  acudir al Banco de la República para obtener un crédito de emergencia en los términos del art. 270 de la Constitución Nacional, es decir, un monto de $30 o 40 billones de pesos, a 30 años (donde las futuras generaciones nos ayuden a tener una país más incluyente y equitativo ) y una tasa de interés blanda. No necesariamente tiene que ser por emisión de billetes, se podría apalancar haciendo emisiones de bonos de deuda pública o TES de largo plazo y que el Gobierno Nacional distribuya este dinero a través de unas bases de datos más elaborada y confiable de los programas sociales, crear el ingreso básico de emergencia, crear el seguro de desempleo, ayudarle a las finanzas de las Gobernaciones y Alcaldías en situación de crisis entre otras.

Algunos expertos en economía o en políticas públicas , descalifican este planteamiento por utópico, inflacionario y riesgoso y la respuesta del Sí se puede me la dio un informe publicado el pasado 18 de febrero en la Revista Portafolio en la cual se hace un paralelo del endeudamiento de Colombia con otros países como: Chile, Perú, México y el mundo en general. 

El paralelo va así: Colombia tiene un endeudamiento del 132.2% del PIB en 2020,  Latinoamérica es del 185.2 % del PIB, Chile del 273.8 %, Perú del 118.7 % del PIB, México del 114.9 % del PIB y el mundo del 355.8% del PIB. Esto lo que muestra es que el alza de Colombia no ha sido tan pronunciada e incluso su endeudamiento total no es tan elevado. ¿No creen que primero están las condiciones de vida de nuestros connacionales que las calificadoras de riesgo? 

Haciendo eco del Grupo Multisectorial en que hemos colaborado en la definición de estrategias de reactivación económica, proponemos:

1- Que el Gobierno flexibilice las políticas de colocación de créditos, haciendo un pacto con las instituciones financieras,  que permitan que la banca comercial lleguen al 80% de las MyPimes formales, con una cobertura del 100% del FNG (Fondo Nacional de Garantías) para capital de trabajo e inversión, con un plazo de dos a cinco años y periodo de gracia de un año.

2- Servicio directo de crédito de Bancoldex aprovechando su condición de banco de primer piso cosa que no haya redescuento con la banca comercial.

3- Creación de Fondos de subvención regionales para capital de trabajo a cinco años vía Bancoldex y los Infis.

4- La Dian y las Secretarías de Hacienda regionales deben declarar una moratoria de entre uno y cinco años para el pago de capital, con garantías de compañías aseguradoras o del FNG.

Finalmente no puedo dejar de analizar un tema que muchos comentaristas han tocado y que me parece vital: ¿Quién o quiénes deberían implementar estas medidas comentadas? La respuesta también tiene que ser audaz. Esto no es de responsabilidad de un líder, sino de un liderazgo colectivo que es lo mismo decir, se necesita que el futuro Presidente se rodee de Ministros y funcionarios probos, con experiencia y honestos, que le ayuden al Ejecutivo a sacar adelante estas medidas y las reformas estructurales (justicia y lucha contra la corrupción, salud, educación, laboral y pensional, política rural y del agro, estructura de un Estado más eficiente y productivo, política de reactivación económica porque creo que el COMPES de Duque no lo acogerá el gobierno entrante, etc) que en este gobierno no se pudieron hacer realidad aun teniendo las mayorías en el Congreso y por supuesto convocando un Gran Pacto Nacional con la mayoría de partidos de ser posible, gremios, organizaciones ciudadanas, academia, ONG’S y todas las llamadas fuerzas vivas del país que se comprometan a repensar el nuevo país, el de la Colombia profunda, en beneficio de los más desvalidos, buscando disminuir la pobreza, la desigualdad y la inequidad.