Demagogia Punitiva

Reflexionando con un amigo, que como yo, es abogado y defensor de derechos humanos, sobre el acto legislativo recientemente aprobado en el Congreso de la República, que reformó el artículo 34 de la Constitución política colombiana para incorporar la cadena perpetua como pena aplicable en los casos de violación y homicidio de menores de edad, coincidíamos en que: primero, se trataba de un tema bastante espinoso por cuanto se encuentra atravesado por la manipulación que de ello se hace a través de los medios masivos de comunicación y que lleva a que quien argumente en contra de su incorporación en la legislación nacional, sea mal visto, reprochado y condenado públicamente; y segundo, que en virtud de ello, y los réditos políticos que puede dejar, abanderar este tipo de causas, estaríamos ante pura demagogia punitiva por parte de legisladores y gobierno nacional, es decir, algo que va más allá de un simple populismo punitivo, como lo han calificado muchos, cosa que al fin de cuentas podría ser aceptable, mientras que lo demagógico no.

La criminología mediática, valga decir, la configuración de las normas de carácter penal y del accionar del sistema punitivo atravesada por la presión que de ciertas situaciones sensibles para la sociedad hacen los medios de comunicación dominantes, impide la implementación de una verdadera política criminal, basada en lo que la ciencia del derecho, la psicología, el psicoanálisis, y demás saberes enseñados en las universidades, puedan decir, fundamentados en estudios serios que, además de describir el comportamiento del fenómeno social (cantidad, lugares, edades, entre otros), ahonden en sus posibles causas, la personalidad y características de los actores, las concausas, pero sobre todo, en la forma más eficaz de prevenirlo, y, en los casos en que se llegara a consumar el injusto penal, determinando el tratamiento más adecuado a seguir, no solo con respecto al victimario, sino también con respecto a las múltiples víctimas que un solo hecho pueda generar.

Desconocemos qué investigaciones, que podamos considerar serias, se han adelantado en el país (o inclusive en el extranjero) para hacer un proceso de seguimiento y verificación del comportamiento social adoptado por las personas que han cumplido penas por injustos penales como las que dan paso a la cadena perpetua (delitos contra la libertad sexual y homicidio de menores), es decir, la reincidencia o empeoramiento del infractor después de la condena, así como de la eficiencia de las medidas intra-murales, inclusive en comparación de otras alternativas, o si simplemente estamos ante la configuración normativa derivada de un visión vindicativa de la justicia, es decir, que como tal solo atiende a un afán de venganza, y no del cumplimiento de unos fines constitucional y legalmente fijados para la pena (de prevención general, retribución justa , prevención especial, reinserción social y protección al condenado), y que en definitiva debieron servir de fundamento para la implementación de cualquier legislación seria de aumento de pena. Está claro en todo caso que el solo anuncio de tambores sobre el aumento y dureza penal no ha servido de mucho en el pasado.

Se confirma aquello de que para el Estado resulta más cómodo legislar creando más tipos penales, o aumentando penas (ello cuesta lo que valga la  impresión del papel), que poniendo a funcionar su estructura para corregir desde la infancia el comportamiento de los potenciales violadores, asesinos, y en general, sociópatas que esta sociedad patriarcal y machista genera. Se vende la idea de que con este tipo de disposiciones se estaría mandando una advertencia eficaz a quien pudiera llegar a ser perpetrador de este tipo de conductas penales, como si con ello se le pudiera reprimir esos impulsos y esa cultura que lleva encima. Se pretende matar la culebra por la cola, si es que acaso se pretende exterminar algo realmente.

Y es que la demagogia punitiva se evidencia en el hecho de que llevamos años endureciendo el tratamiento judicial y punitivo en esta materia, aumentando penas, ampliando la tipificación de conductas de acuerdo a las diferentes modalidades posibles que puedan adoptar, concibiendo como única medida de aseguramiento posible la prisión intra-mural, negando el derecho a rebajas por aceptación de cargos o preacuerdos, negando la aplicación del principio de oportunidad, negando la concesión de subrogados penales y la libertad condicional en caso de condena, es decir, tienen un trato diferenciado con respecto de cualquier otro delito, y no obstante todo ello, es decir, al escalonamiento en la severidad de tratamiento penal, los casos referidos a este tipo de criminalidad siguen en crecimiento, si se quiere de manera exponencial. La norma de carácter penal no ha servido para prevenir el delito, o sea, para evitar que estas conductas se sigan consumando.

Una vez más el legislativo muestra lo demagógico que puede llegar a ser en el tratamiento de temas sensibles para la sociedad, frente a los cuales no se guía por especialistas y expertos en las materias correspondientes, sino que opta por un discurso manipulador, fraguado con y a propósito de lo que se produce y reproduce en los medios informativos, quienes a su vez lo amplían como cajas de resonancia, llevando a que se adopten medidas muchos más represivas, con preferencia sobre aquellas que tiendan a reconocer en otro tipo de tratamientos, mecanismos más eficaces para atacar el fenómeno social reprochable, y que, claramente, representarían una mayor inversión de recursos desde el punto de vista económico, pero con mejores y mayores resultados positivos comprobados.

Entre tanto, esos mismos que abanderan estas causas, con claros fines políticos, en el sentido de capitalizar réditos electorales, son los mismos que, con la ayuda igualmente de la intervención mediática, atacan cualquier propuesta que pretenda educar sexualmente a la sociedad, no solo desde la óptica fisiológica o biológica, sino desde el plano emocional, sentimental y cultural, cuestionando aspectos tan importantes como por  ejemplo la visión machista y patriarcal implícita en todo esto, el racismo y el clasismo, la religión, la moral, y en fin, todo ese entramado de elementos que hacen de la violencia y sus formas de expresión, un problema estructural que no se supera con una pena que, en todo caso, y de manera segura, no dejará de aplicarse de manera selectiva, mientras el gran conjunto de hechos sujetos a investigación y sanción penal se mantendrán engrosando la cifras obscuras de lo que no se hace público y que nadie lograr precisar.

Tenemos un sistema que genera una criminalidad que es el resultado de la funcionalidad económica, social y cultural con que se desarrolla la vida de la colectividad, en beneficio del interés de muy pocos, y que a la par determina de manera caprichosa el tratamiento que se le debe dar a dicha criminalidad, prescindiendo para ello del concepto de los expertos, para apoyarse en la opinión publica orientada por los grandes medios de información, razón por la cual la realidad delincuencial sigue su curso sea visible o invisiblemente, de acuerdo a unos intereses muy concretos y específicos, ligados a la situación política del momento. Así pues, el sistema penal sigue siendo, después de siglos, un arma de uso político en la medida que poco o nada sirve para resolver los problemas reales, mientras que, por el contrario, tiene un fin encubierto tras la idea de que se está atacando efectivamente la criminalidad, y que lleva a que el poder político y económico dominante se reacomode, mueva la nalga, y siga tranquilo en su ejercicio.

Dicter Zúñiga