El reformismo constitucional. Edición final

Con la introducción de diversas reformas y contrarreformas a la Constitución de 1991 se desnaturalizó el contenido esencial del Estado Social de Derecho, lo cual tiene lugar en medio de las contradicciones y conflictos sociales entre las clases sociales, sus partidos y movimientos políticos.

Reformas y contrarreformas

La mayoría de dichas reformas, contrarreformas y desarrollos legales contradicen los principios fundamentales de que trata el preámbulo y el título primero de la Constitución.

Los gobiernos de turno se comprometieron a garantizar la prosperidad general, la descentralización y autonomía de las regiones, la democracia participativa y la efectividad de los derechos de los ciudadanos en igualdad de condiciones para todos, al igual que la implementación de políticas sociales en materia de servicios públicos, construcción de viviendas, empleo, salud, educación y subsidios para los sectores más vulnerables de la sociedad, todo esto con miras a mejorar la condición económica y social de los colombianos sumidos en la pobreza y la desigualdad social.

Sin embargo, con el auge de las políticas neoliberales se comenzaron a restringir, por ejemplo, los derechos y garantías conquistadas por los trabajadores en su lucha social contra el capital en defensa del trabajo digno y estable. Los más fanáticos y fervientes neoliberales, proponen la reducción del salario mínimo, de las pensiones y demás derechos económicos y sociales, a la vez que demandan del gobierno la reducción de los impuestos, el otorgamiento de subsidios a los empresarios y de toda clase de beneficios legales dirigidos supuestamente a reactivar la economía afectada por las crisis económica y sanitaria que padecen los colombianos.

La Constitución de 1991 con todo y sus reformas y contrarreformas no ha logrado materializar la prosperidad general ni la garantía real ni material de los derechos y libertades de los ciudadanos al trabajo, la paz, la igualdad, la democracia participativa, en tanto que el país continúa siendo uno de los más desiguales e inequitativos desde el punto de vista económico y social de la región.

Una muestra de lo que han significado las reformas y contrarreformas la constituye, por ejemplo, lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005, mediante el cual se hizo depender de la sostenibilidad financiera, el futuro de las pensiones; lo cual se agravó con la inestabilidad laboral impidiendo que infinidad de personas puedan pensionarse, quedando sometidos a recibir del Estado algunos beneficios económicos, periódicos inferiores al salario mínimo vigente en lo que se conoce como los BEPS. 

Así mismo, han sufrido modificaciones los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva, en tanto que durante la vigencia de la Constitución no fue posible aprobar el Estatuto del Trabajo ni reglamentar de manera precisa el ejercicio del derecho a la huelga, con lo cual estos derechos fundamentales se quedaron escritos en el papel.

Otro de los aspectos objeto de varias reformas, se refiere a los cambios en el régimen electoral y más concretamente en el umbral, que determina el reconocimiento o la desaparición de aquellos partidos o movimientos políticos que alcanzaron o no los votos necesarios para acceder o conservar ciertos cargos de representación en la Cámara o en el Senado, o respecto del voto preferente que estimula el personalismo y el caudillismo de los candidatos o de la financiación privada de las campañas electorales que conducen a la demanda de contraprestaciones de los candidatos elegidos, o de la participación de la mujer en la actividad política en lo que se conoce como la cuota de género, incrementada formalmente en “igualdad de condiciones con los hombres”.

No sobra agregar que aunque de acuerdo con la Constitución, el ciudadano posee el derecho de elegir y ser elegido, en Colombia como en muchos otros países capitalistas, los comicios electorales se adelantan en alguna medida en medio del soborno, la intimidación, la violencia y la violación de las leyes electorales, al tiempo que los electores son tratados como masa electoral disponible por los partidos y movimientos políticos que los manipulan con el ofrecimiento de toda clase de dádivas o de promesas que en su mayoría son incumplidas por los candidatos elegidos.

Otro de los aspectos más controversiales de las reformas es el que tiene que ver con la distribución de los recursos provenientes de la Nación con destino a los municipios y departamentos para atender los gastos en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, al igual que el sistema de regalías, los cuales están subordinados a las políticas impuestas por el gobierno nacional que en general no responden a las verdaderas necesidades y urgencias de los entes territoriales.

A manera de epílogo se puede afirmar que las reformas y contrarreformas han sido utilizadas por las clases dirigentes para atenuar las contradicciones sociales y apaciguar los ánimos del pueblo colombiano. Esto, sin embargo, no significa en modo alguno que las reformas no puedan ser utilizadas particularmente aquellas que contienen aspectos positivos y favorables para los trabajadores y ciudadanos en general y faciliten el avance de las fuerzas políticas y sociales en su lucha por la democracia, la paz y el bienestar general.

En este sentido las reformas constituyen un subproducto de la lucha social que sirven para ampliar las conquistas económicas, políticas y sociales, lo que no significa que estas constituyan un fin en si mismo, tratando de apartar a las fuerzas sociales del cumplimiento de sus tareas cardinales en la lucha por los cambios que requiere la sociedad colombiana.

Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social

Pablo A. Borrero V.                          Luz Betty J. De Borrero