Revista Digital CECAN E3

Examinar. Entender. Evaluar

Herramienta Anticorrupción.

Para nadie resulta nuevo que en Colombia la corrupción es un grave problema que afecta la administración pública. Es una afirmación que todos consideramos válida a pesar que no se conoce el tamaño de las pérdidas por corrupción de los recursos públicos. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que lidera la Política Integral de Transparencia y Lucha Anticorrupción desde su creación en diciembre de 2011, es consciente de las dificultades de medición de la corrupción y agrupa los sistemas de medición en cuatro grandes áreas: 1.) Mediciones basadas en percepción; 2.) Mediciones basadas en observación directa de programas/proyectos específicos; 3.) Mediciones basadas en chequeos cruzados; y 4.) Mediciones basadas en estimaciones e inferencia estadística. (Ver: CORRUPCIÓN: MEDICIÓN DEL PROBLEMA Y LOS PROBLEMAS EN SU MEDICIÓN. Por CAMILO CETINA Diálogos sobre la Transparencia – Policy Paper #1).

La medición del problema es importante para entender como funciona y poder diseñar las medidas para combatirlo. Sin embargo, hay medidas que se pueden tomar ya. Ni siquiera se necesitan nuevas leyes. La mejor herramienta para perseguir la corrupción la tiene en sus manos el gobierno y está en la Ley 1430 de diciembre de 2010.

Si de lucha anticorrupción se trata el gobierno tiene la mejor herramienta en sus manos y no la usa.

La Ley 1430 de diciembre de 2010 contiene la norma 771-5 del Estatuto Tributario según la cual los pagos en efectivo que realicen las empresas y los particulares no serían deducibles de renta. La norma debía empezar a operar en el año 2014 pero se aplazó hasta 2019 mediante la Ley 1739 de diciembre de 2014 y luego mediante la Ley 1819 de diciembre de 2016 se adelantó para 2018. Sin embargo esta Ley aún no ha sido reglamentada por el gobierno.

Si el gobierno la reglamenta, será la mejor herramienta anticorrupción en la contratación pública por una sencilla razón. No porque convierta a los contratistas en personas de inmaculada conciencia, sino porque les reduce sus ganancias. Cuando un contratista no pueda deducir de sus ingresos lo que pagó en dádivas, mordidas o como quieran llamarlas, que seguramente serán en efectivo, ese dinero le aparecerá como utilidad del ejercicio y deberá pagar el correspondiente impuesto de renta. Es aquí que el contratista se verá poco dispuesto a compartir sus utilidades y pagar impuestos por un dinero que no se ganó. Y es aquí que bajará la corrupción. Porque para que se de el hecho de corrupción se necesitan dos: el contratista y el funcionario que lo favorece. Pero cuando para alguno de ellos no sea rentable el negocio, este se termina.

A los contratistas ya no les será rentable participar en el juego de la contratación a dedo o direccionada por el contratante. Y de todos modos es mas fácil auditarle las cuentas a un contratista que solo paga con trasferencias bancarias para verificar a quienes, porque y a cuenta de qué les giró, cuando se le investigue por actos de corrupción.

A mi parecer esta es una medida mas efectiva que muchas de las que se impulsaron con la consulta anticorrupción y no requiere pasar por el congreso pues la Ley solo requiere ser reglamentada. Le corresponde al gobierno entonces, decidir como reglamentar la Ley 1430 de diciembre de 2010, y sacarle el mejor provecho en la lucha anticorrupción.

Existen otros tipos de corrupción como el tráfico de influencias y la distorsión de la toma de decisiones a favor de intereses particulares. En estos casos es mas difícil combatirlos con esta herramienta, pero en el caso de el pago de sobornos para obtener contratos es una herramienta disuasiva y de control fiscal bien interesante.

PABLO ANTONIO PEREZ VALENCIA.

@paperezvalencia

Visitas: 175