En días recientes circularon en redes sociales y en algunos canales informativos, dos noticias de extrema gravedad que generaron en mí una serie de reflexiones sobre la realidad sociopolítica de Colombia.
La primera, de Global Witness[1], mostraba un informe titulado: “Última línea de defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente”[2]. Según la información se registró que durante 2020 en el mundo fueron asesinadas 227 personas defensoras de la Tierra y el medioambiente. De esta terrorífica cifra, Colombia ocupó por segunda vez consecutiva la mayor cantidad de ataques registrados; un total de 65 asesinatos. De acuerdo con el informe, un tercio de estos ataques se cometieron contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad contra personas dedicadas a la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
En la segunda noticia fue expuesto un informe sobre la deforestación en el bioma amazónico, presentado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)[3], en cual reportó que 2020 fue el segundo año con más pérdida de bosque primario en la historia de Colombia[4].
Las cifras son aterradoras; 140.000 hectáreas deforestadas principalmente en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Tristemente, uno de los focos o “claros” de destrucción más amplios se ubicó al sur de las Sabanas de Yarí, en el Parque Natural Serranía de Chibiriquete. Y digo “tristemente” porque Chibiriquete se considera un hito de la conservación del patrimonio biocultural de la nación, y su degradación podría interpretarse como uno de los mayores fracasos en materia ambiental, sino el más grande, de la historia de Colombia; en menos de un año, Chibiriquete perdió 2.200 hectáreas.
Los dos hechos mencionados están unidos, concatenados y se fusionan en una de las causas primigenias de la tragedia colombiana ¿tragedia? Por supuesto que es una tragedia. Un país que no ha conocido la paz, que tiene al menos seis millones de desplazados, más de 300.000 personas asesinadas por la guerra, un país controlado por mafias que asesinan a la juventud rebelde; Colombia el mayor exportador de cocaína del mundo, un país aún homofóbico, machista y clasista que le dice No a la Paz y, finalmente, un país con una riqueza biocultural y ecosistémica inmensa, pero con comunidades que sufren de hambre y de pobreza ¡¡ TRAGEDIA ¡¡ en letras mayúsculas y con negrilla: 72 masacres con 258 víctimas en lo que va de 2021[5] y una grosera desigualdad que no para de crecer.
¿Qué es lo que une al inclemente asesinato de líderes ambientalistas con los procesos de deforestación? ¿Cuál es la causa primigenia y articuladora de estos hechos? No tengo duda al respecto: es el acaparamiento violento y la extrema concentración de la propiedad rural.
Colombia, a diferencia de otros países de la región, nunca ha tenido una reforma agraria o rural, asunto que hace que aún persistan las formas de tenencia tan propias y representativas del colonialismo español y feudal. Gran parte de la posesión histórica y distribución de la tierra se ha dado por herencias coloniales, botines de guerra, acaparamiento ilegal de baldíos públicos, ampliación de la frontera agropecuaria, desposesión violenta, desplazamiento forzado, el avance de economías ilegales y por la imposición de los modelos desarrollistas del capitalismo neoliberal. Pese a la resistencia heroica, valiente y decidida del pueblo campesino, indígena, negro, estudiantil y obrero, el despojo asesino y avasallador se agudiza, se consolida, se profundiza.
Es de resaltar que el 81% de la tierra rural en Colombia está bajo dominio o control de un 1% de “propietarios”, mientras que el restante 99% de familias o personas ocupa tan solo el 19% de la tierra o, dicho de otra forma: las explotaciones o predios de menos de 10 hectáreas representan el 81% del total, pero ocupan apenas el 5% del área rural[6].
Ahora bien, ¿por qué razón no se ha dado una reforma agraria en Colombia? ¿Cuál ha sido el papel del Estado y de las élites que lo han gobernado? De entrada y sin necesidad de hacer un análisis profundo hay dos respuestas posibles:
La primera, la elite que ha dirigido el aparato estatal a lo largo de la historia ha sido totalmente incapaz o como se dice en el argot popular: “le quedó grande” solucionar un aspecto tan fundamental para cualquier sociedad como es el de regular y garantizar los derechos de propiedad para todas las personas, especialmente para la población campesina que tiene la maravillosa vocación de alimentar a la población de nuestro país.
La segunda, la clase política tradicional no ha tenido la voluntad política o, en otras palabras, no le interesa o, mejor dicho, no quiere democratizar la tenencia de la tierra en Colombia. Por el contrario, su proyecto político consiste en consolidar a un muy pequeño grupo de grandes hacendados, terratenientes y latifundistas y convertir al campesinado en obreros o capataces asalariados de sus industrias agroextractivas o ganaderías extensivas. El sobrante de la masa campesina doblegada que ellos tanto sueñan se debería resignar a sobrevivir en pequeñas fincas de los territorios más apartados, más infértiles, sin carreteras, sin distritos de riego, sin energía y sin hospitales. La clase política tradicional y feudal sueña con eso y está plenamente convencida de que así debe ser: son sociópatas y enfermos.
Sin dudarlo me quedo con la segunda respuesta, aunque la primera también debería ser motivo suficiente para que una sociedad decente y digna decidiera castigarlos con su voto y con la acción política callejera.
A continuación, expongo tres ejemplos sencillos para demostrar que las élites políticas dominantes no han querido solucionar el problema de la tierra y que, por el contrario, sus políticas y acciones buscan profundizar su despojo y concentración en pocos dueños:
- La ausencia de un sistema de información que permita saber a ciencia cierta en manos de quién está la tierra en Colombia ¿Por qué razón no existe un sistema catastral moderno que permita tener información de los grandes terratenientes? ¿Por qué motivo no existe un sistema de información que exponga cuántas hectáreas tienen? ¿cómo y cuándo adquirieron esos terrenos? Un sistema que permita conocer la trazabilidad, la historia de las fincas; si fueron predios desposeídos a campesinos, si eran terrenos baldíos de carácter público, si son predios que ocupan de manera ilegal áreas de importancia para la conservación, si están o no acaparando ciénagas o costas. Ese mismo sistema permitiría saber si están pagando impuestos y si esos impuestos son justos con respecto al valor real de la tierra. Un sistema catastral moderno permitiría saber si sus dueños o tenedores cumplen o no con el mandato constitucional que ordena que la propiedad rural debe tener una función social y ecológica
- Las políticas agrarias han sido diseñadas para no resolver problemas estructurales: la válvula de escape para quitarle presión a la falta de tierra ha sido la de promover procesos violentos y espontáneos de colonización y ampliación de la frontera agropecuaria. Estos procesos se dan cuando desplazan a millones de familias campesinas y los obligan a buscar nuevas tierras en zonas apartadas o, cuando terratenientes se adentran en bosques, parques naturales o territorios baldíos y se apropian de grandes extensiones de tierra que poco tiempo después de tumbar los árboles, aparecen delimitadas, cercadas, con cambuches y ocupadas por vacas y toros. Las familias campesinas que no osan por adentrarse en territorios rurales de la Colombia profunda, terminan viviendo o mejor, sobreviviendo, en los barrios marginales de las grandes ciudades. En resumen, los grandes terratenientes para no perder sus posesiones y quitarse de encima al campesinado sin tierra o con tierra insuficiente, han promovido la ampliación indiscriminada de la frontera agropecuaria. Una sociedad decente empezaría, al menos, devolviéndole la tierra a las víctimas de la violencia y quitándosela a los criminales que la han usurpado.
- Las políticas agrarias se basan en el subsidio y no en verdaderas acciones que empoderen al campesinado. Saturan a la población rural con pírricos subsidios para mantenerlos bajo control en vez de promover políticas que dinamicen el mercado de tierras; impulsan programas que aumentan la dependencia de productos químicos importados a precios altísimos, en vez de promover la creación propia y cooperativa de insumos ecológicos; y así, por ese mismo estilo, promueven políticas que degradan la dignidad campesina para darle paso a las grandes explotaciones y negocios agroextractivistas; un agroextractivismo totalmente contrarío a los medios de vida que desarrollan las comunidades campesinas, indígenas, pueblos negros y de pescadores artesanales en sus territorios. En resumen, evitan a toda costa fortalecer los procesos autónomos de desarrollo rural y de defensa de los territorios para destruir comunidades y así crear obreros rurales doblegados y subyugados. Cuando esta válvula de escape no funciona y el campesinado exige derechos, se permite que la delincuencia y las mafias tomen el control de los territorios; se permite por omisión o acción directa, que sucedan masacres, asesinatos, amenazas y desapariciones.
Estas políticas son intencionadas, el hacer o el dejar de hacer tiene una finalidad clara y no es solamente un asunto de incapacidad, es una decisión política maquinada y diseñada con propósitos o mejor con despropósitos solapados. No es que les haya quedado grande el país, es que no quieren, no tienen la voluntad política, no les interesa.
¿Por qué permitir tremenda injusticia? ¿Por qué ignorar la barbarie? ¿Por qué doblegarse y bajar la cabeza ante tanta insolencia? La movilización social y popular ante la infamia es más que justa, es deseable y necesaria ¡¡¡Gracias a todas las Primeras Líneas de Colombia¡¡¡
Entonces, ¿Qué podemos hacer? Por ahora se observan al menos tres frentes de lucha: i) La batalla electoral; ii) la acción política callejera y, iii) la disputa cultural. Ante la coyuntura actual que avizora tiempos de ruptura, estos tres frentes deben darse de manera paralela y decidida. Todos son estratégicos.
El primero consiste en disminuir el poder político de las mafias y de la corruptela tradicional votando por movimientos políticos alternativos. Hay que cambiar la composición política y burocrática del Estado para facilitar procesos de empoderamiento de los sectores populares. Instituciones políticas y poderes locales que no se interpongan u obstaculicen los procesos sociales autónomos, actuales y futuros.
El segundo corresponde a la profundización de la democracia: el de la deliberación en plaza pública, la expresión abierta de las multitudes, el diálogo entre las diversas ciudadanías, en otras palabras, es la movilización popular y social permanente. No importa quienes gobiernen, la democracia en las calles y campos nunca debe perder su autonomía, no debe apaciguarse. La vida es movimiento.
El tercero es el más complejo. La disputa cultural es el escenario para defender los valores democráticos por encima del autoritarismo. Es romper con vicios sociales que se expresan en comportamientos corruptos y tramposos tan propios de las mafias y del traquetismo. Es interiorizar en el seno de las relaciones sociales, desde las más simples hasta las más complejas, un respeto supremo por lo público y por el bienestar colectivo.
Es expresar un NO contundente frente a la injusticia social, es decirle de manera certera a los despojadores de tierras no pasarán. Es ponerse del lado de los excluidos y luchar día a día contra el racismo, el clasismo, el machismo, la xenofobia. El papel de las artes es fundamental; la literatura, el cine independiente, las artes plásticas, la música, el teatro, la danza, los grafitis y murales, todos, son espacios de expresión para las ideas, para la rebeldía, para la denuncia, para el debate y para la formación política. La expresión artística es fundamental para construir relaciones sociales basadas en la solidaridad y la empatía.
Pero, un lector agudo dirá ¿Qué tiene que ver esto con los artículos mencionados y con el problema de la tierra en Colombia? La expropiación de la tierra contra comunidades campesinas, indígenas y negras y la destrucción de bosques, sabanas, ciénagas y humedales, son crímenes que se fundan sobre los cimientos del autoritarismo, la violencia y el egoísmo. El paramilitarismo y la corrupción, junto con sus redes mafiosas persisten gracias a una sociedad permisiva que las aplaude o que se hace de la vista gorda, en otras palabras, eso sucede en una sociedad que no se indigna ante la injustica, ante la muerte, ante la devastación. La paz es ante todo un asunto de transformación cultural y de empoderamiento popular, de otra manera, cualquier intento por alcanzarla será fácilmente revertido por «los señores y las señoras de la guerra”.
[1] Organización no gubernamental cuya misión es contribuir con sus acciones a un planeta más sostenible, justo e igualitario. Para más información visitar: https://www.globalwitness.org/en/about-us/
[2] Para conocer el informe visitar: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
[3] “La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible es una organización no gubernamental que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y equitativo de las poblaciones humanas, principalmente las rurales, en armonía con la conservación de la base natural y las características sociales de los territorios”. Para más información ver: https://fcds.org.co/
[4] De acuerdo con el mismo informe, 2018 es considerado el más alto con 150.000 ha.
[5] INDEPAZ: “Informe de masacres en Colombia durante el 2020 y 2021”, 21 de septiembre de 2021: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
[6] GUEREÑA Arantxa: Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de tierra en Colombia. Oxfam, julio 2017: https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad
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