Mayor confianza ciudadana un desafío social camino a la “Nueva normalidad”

Por: Juan Pablo López

En el contexto de la crisis sanitaria y socioeconómica generada por el Covid -19, de características complejas, dinámicas y retadoras, se han acentuado las debilidades institucionales y se ha cuestionado agudamente por la ciudadanía, la capacidad del estado en la ejecución de políticas públicas en materia social, económica, educativa y sostenible frente al cambio climático y la crisis ambiental.

Tras la declaración de la pandemia, hoy la inmediatez de las autoridades locales y nacionales, se rigen entre las estrategias de control de sus ciudadanos (medidas de aislamiento y cuarentenas) y evidencias científicas de expertos, para atravesar la crisis, en un complejo desafío por un lado, el de buscar evitar la masificación del contagio, manteniendo los niveles razonables y compatibles con las capacidades de los sistemas de salud y de otra, poder lograr que los efectos económicos producto de la caída del nivel de actividad de las ciudades puedan ser amortiguados. La respuesta de este primer dilema determinará el alcance y desarrollo del próximo desafío: La recuperación y reapertura de las ciudades.

La afectación del mercado laboral producto de la desaceleración económica, por la declaratoria de la pandemia y la política de aislamiento, causó el 25% del incremento del desempleo, el cual está en 19.8%, cuando un año atrás era de 9,4%. Es decir que a nivel nacional la población desocupada aumentó a 4.5 millones, según informe del DANE con cierre a junio del 2020.

Este panorama es evidencia del impacto tan fuerte que la pandemia está dejando a la estructura socioeconómica del país, pero también de la fragilidad institucional y las herramientas presupuestales, tan limitadas que el estado colombiano tiene para enfrentar una reactivación económica y laboral. Es por eso que lideres como el Dr. Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la Dra. Dilian Francisca Toro exgobernadora del Valle y otros de forma independiente pero consecuente, han expresado la necesidad de tres grandes cambios institucionales, a grupos sociales diferentes pero vitales para la recuperación:

1. La necesidad de un sistema impositivo progresista, que evite la acumulación excesiva de riqueza. 

2. Un sistema de renta básica, que proteja la clase menos favorecida y la clase media trabajadora que soporta una gran parte de la fuerza laboral. Que permita contener una fuerte caída de empleos.

3. Un método de protección a la vejez.

Sin duda alguna, el coronavirus además de ser una crisis sanitaria y económica, es una prueba de confianza social e institucional de muy alto valor, pues está demostrado que las comunidades con mayor sentido de confianza entre los diferentes actores, (públicos, privados, académicos, sociales de precisión); están mejor capacitados para la crisis, generando respuestas que se asocian al crecimiento económico más fuerte, una mayor innovación, estabilidad y mejores resultados sanitarios.

La confianza está influenciada por diversos factores, siendo la transparencia y el sentido de comunidad los más relevantes. La transparencia es clave para reforzar la confianza, pues está ligada a la promoción de información, oportuna, creíble, basada en evidencia y en tiempo real, un sistema de rendición de cuentas que sea entendible para la comunidad. Como por ejemplo, Corea del Sur publicó desde el inicio de la pandemia información en tiempo real, incluyendo detalles como ubicación de los contagiados, pacientes de aislamiento, estado de la enfermedad y servicios que ofrece el gobierno. Esto ayudó a que los ciudadanos entendiesen las decisiones del gobierno, monitorearan sus respuestas, promoviendo comportamientos más aceptables y seguros.

El sentido de comunidad influye en el comportamiento de los ciudadanos y en la confianza como un todo, evitando que las preferencias o acciones individuales racionales a corto plazo podrían ser opuestas a las acciones que benefician a la sociedad a largo plazo. Así también, la falta de entendimiento de las consecuencias a largo plazo y el sesgo del cortoplacismo lleva a los individuos a tomar decisiones priorizando los beneficios a corto plazo, a pesar de que el beneficio a largo plazo sea mayor.

En nuestro comportamiento social, es un desafío bastante importante, que a partir del ejercicio de valores tan sencillos de escribir y difícil de adoptar colectivamente, se marque el camino de un pensamiento un poco más asertivo del estilo de gobernabilidad y gobernanza que necesitamos en los territorios y esto determine una madurez política participativa, por parte de las comunidades, donde dejemos los criterios sociales polarizadores; que hace más de 20 años y tradicionalmente son caldo de cultivo para marcar la agenda de poder del país. Es la oportunidad de brindarnos confianza por medio de los hechos de buen gobierno colectivo.

Bajo una mirada positivista, es imperativo la construcción de comunidades más humanas, resilientes y sostenibles, pues la amenaza del Covid-19 para la salud, el bienestar social y la economía, se resolverá por completo solo cuando suficientes personas sean inmunes a la enfermedad o se haya desarrollado una vacuna. Hasta entonces, viviremos en ciudades en transición hacia una «nueva normalidad», que se verá regulada por la alta transmisión de la enfermedad, su corto período de incubación y el bajo porcentaje de personas que estarían inmunizadas. En esta fase las ciudades deberán aprender a actuar bajo nuevos parámetros y normas sociales. El ejercicio de una mayor confianza ciudadana será, de total importancia para poder tomar el pulso, organizarse, sistematizar, comunicar, ajustar y actuar; será un círculo virtuoso que obligará a ir tomando decisiones a cada momento en contextos de incertidumbre, amenazas cambiantes a la salud y la economía, y serias restricciones fiscales.