No cesa la inseguridad en Cali

La inseguridad en Cali ha llegado a niveles muy altos en comparación con la situación que se vive en otras ciudades del país y no obstante las medidas adoptadas por parte de las autoridades, las cuales son muy limitadas en cuanto a la eficacia y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos que constantemente se quejan ante la ausencia de las autoridades en los barrios y en aquellos sitios en donde tiene lugar, con mayor frecuencia, la comisión de toda clase de delitos y contravenciones que afectan directa e indirectamente la paz y la convivencia social.

El hecho real es que el Estado en su conjunto no ofrece otras alternativas de solución distintas a incrementar por ejemplo, el pie de fuerza de la policía, implementar más cámaras de seguridad y aumento de las penas para los delincuentes, etc.

La inseguridad no es un fenómeno casual ni tampoco depende de la naturaleza de los individuos que delinquen de manera sistemática y resuelven convertirse en avezados criminales no obstante actuar conforme sus propósitos delincuenciales, ya que, por otra parte, viven en determinadas condiciones materiales, concretas y objetivas, independientes de su conciencia individual y social, que en términos generales determinan su manera de ser, pensar y actuar en la vida social.

De ahí la necesidad de establecer las verdaderas causas que dan origen a la delincuencia particularmente en una sociedad en la que existe un amplio margen de desempleo, pobreza, corrupción y desigualdad social, agravada en esta ocasión con la crisis económica y pandémica por la que atraviesa la ciudad, a todo lo cual se suma la crisis del sistema penitenciario y carcelario existente, tal como sucede, por ejemplo, con el hacinamiento en la estación de Fray Damián que alberga a 480 detenidos en un espacio para 15 personas.

Para algunos sectores de opinión no es necesario modificar el Código Penal para establecer nuevas penas, ya que basta con seguir las orientaciones y decisiones de la Corte Constitucional que en varias sentencias ha declarado “el estado de cosas inconstitucional”, con lo cual se ratifica la violación de los derechos humanos en los sitios de reclusión de un número considerable de ciudadanos, además de la omisión de las autoridades para garantizar el cumplimiento de los deberes de las diferentes autoridades del Estado llámense jueces, fiscales, comandantes de policía, etc. Mecanismo este al cual se ha recurrido durante varios años sin que hasta la fecha se produzca una solución real a este grave problema social.

Por otra parte, algunas personas y sectores políticos y sociales plantean como solución al aumento de la inseguridad, la utilización de la tecnología y la necesidad de tener una policía especializada ya profesional encargada de combatir a la delincuencia común y a las mafias que trafican con el delito. Estas iniciativas si bien es cierto, hacen parte del glosario de inquietudes y de exigencias de muchos ciudadanos y funcionarios, no tocan el fondo del problema limitándose a resolver algunos aspectos coyunturales y otros asuntos menores, dejando de lado la solución de otros aspectos más profundos desde el punto de vista de su contenido esencial relacionados con la existencia y desarrollo de una sociedad que se debate en medio de la crisis general en materia económica, política y social, que a su turno ha conducido a que el Estado Social de Derecho no pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar el bienestar general y la vida, honra y bienes de los caleños y vallecaucanos, circunstancia esta que se hace cada vez más notoria y difícil de resolver al no contar con la participación de los caleños en la elaboración de una política integral de seguridad aplicable en los territorios que integran la zona metropolitana de la ciudad y cuya dirección y control deben estar a cargo de las autoridades locales y regionales y no del gobierno central como ocurre en la actualidad.

ADENDA 1: Continúa la improvisación en Metrocali al mantener el mismo esquema funcional y operativo del trasporte masivo MIO, en tanto se considera necesario adquirir nuevos buses con cargo a la sobretasa de la gasolina. Así mismo se pretende incrementar los subsidios a favor de los operadores endeudados con el sector financiero como también aumentar la tarifa de los pasajes a los usuarios del MIO, lo que hará imposible recuperar económica, financiera y operativamente el sistema en su conjunto. La alternativa de solución del transporte masivo en CALI, pasa necesariamente por la reestructuración del sistema, lo que implica una revisión de las concesiones y nuevos contratos con los operadores y demás contratistas que operan el funcionamiento del masivo caleño.

ADENDA 2: Lo sucedido con EMCALI en torno a la contratación oficial relacionada con una de las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados, pone de presente el grado de corrupción de las instituciones y de las empresas del Estado contratista que se une con algunos empresarios privados para defraudar el erario público, matizado por una buena dosis de impunidad por parte de los entes de control,  generando un detrimento del patrimonio de EMCALI que se cubre con el pago de las facturas de los servicios públicos de los usuarios de la ciudad, de Yumbo y de Jamundí.

Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social

Pablo A. Borrero V.  Luz Betty J. De Borrero