¿Pagos a 60 días?

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La ANDI advirtió esta semana sobre el grave problema en que nos podríamos meter si pasa en el congreso la Ley que fija un plazo máximo de 60 dÍas para el pago de facturas a los proveedores. Que semejante ley es una intervención del gobierno en el mercado, que tal vez suban las tasas de interés, que habrá sustitución de productos internos por importados, que para las micro y pequeñas empresas si, pero no para las medianas… y uno solo puede preguntarse que pasa ahí. ¿Que es lo que asusta a la ANDI? ¿A quien está protegiendo?

Pero miremos como llegamos aquí.

Hace varias décadas las empresas del sector industrial y en general contrataban gente para todo. Tenían empleados directivos, administrativos, operativos, de mercadeo, de logística, de mantenimiento, de seguridad, de aseo y de cuanta área pudieran necesitar. Y con esa proliferación de empleados prosperaron los sindicatos que surgieron de la necesidad de proteger a sus afiliados, pero que con cada logro convertido en ley de protección al trabajador se volvían menos necesarios y buscaban entonces un nuevo caballito de batalla para mantenerse vigentes en las empresas. Estas exigencias de los sindicatos sin entrar a calificarlas si eran justas o no, incrementaban los costos de producción de las industrias. Puestos los administradores a controlar sus costos, que para eso les pagan, decidieron acogerse a la doctrina administrativa de enfocarse en el «core business», su negocio central y tercerizar todo lo demás. Es decir, zapatero a tus zapatos. Con esto, se dedicaban a hacer lo que mejor sabían y que le daba valor a su empresa, y el resto de las actividades conexas, que se las suministrara un proveedor externo. Era un enfoque de optimización de procesos pero además tuvo la consecuencia de acabar paulatinamente con los sindicatos por sustracción de materia, al punto que ya casi no hay empresas con sindicatos.

Ahora bien, para poder prestarle el servicio a esas empresas que estaban tercerizando procesos surgieron empresas contables, de seguridad, de empleos temporales, de aseo, de mantenimiento, de montajes, de transporte y logística y de cuanto servicio se pudiera necesitar. Algunas incluso las conformaron exempleados de las empresas que por conocer el clima organizacional podían ser preferidos para contratarlos. Al principio, la forma de pago era negociada y no era un factor determinante para lograr los contratos. Primaba el buen servicio o la experiencia. Pero eso fue cambiando. Poco a poco, el plazo fue incrementando hasta el promedio de 90 días que dice la ANDI que es hoy. Y si ese es el promedio entonces que no nos extrañe encontrar plazos de 120 días o más. Y lo peor es que ya ni siquiera se negocia, sino que se exige a los proveedores.

Y, por ejemplo, eso hace que sea muy difícil iniciar para los emprendedores.

Y la ANDI me dirá entonces que a los emprendedores y a las micro y pequeñas empresas si se les pague a 60 días pero a las medianas no. Pero resulta que las medianas son también clientes de las micro y pequeñas empresas. Y si las medianas están obligadas a pagar pero no pueden cobrar, ¿cuanto tiempo van a aguantar?

Y la ANDI me dirá entonces que los intereses de los bancos van a subir y el costo al consumidor final también va a subir. Pero resulta que los intereses no deben subir pues el dinero colocado no debería variar en cantidad, solo que en lugar de las PYME tener el dinero, serían las grandes empresas. Y el precio al consumidor final tampoco debería variar pues las PYME ya no deberían cobrar el costo financiero que ahora asumirían las grandes empresas. Aunque una de las prácticas comunes en algunas empresas es llamar a sus proveedores y negociar descuentos especiales a compras ya facturadas, por pronto pago o por pagarles antes del plazo que ellas mismas fijaron, y no creo que ese descuento se lo trasladen al comprador final.

Una de las prácticas comunes en algunas empresas es llamar a sus proveedores y negociar descuentos especiales a compras ya facturadas, por pronto pago



Y la ANDI me dirá entonces que habrá sustitución de productos nacionales por importados. Pero resulta que para poder importar se hace con carta de crédito, que es casi un pago anticipado, y uno esperaría que las grandes empresas seguirán prefiriendo un crédito de 60 días a un pago anticipado.

Y la ANDI me dirá entonces que es una intervención del estado en el mercado y un cambio en las reglas de juego que genera inseguridad jurídica a los inversionistas. Pero, ¿no será al contrario? ¿No se verán los inversionistas mas seguros cuando sepan que sus clientes no podrán demorar sus pagos mas de 60 días sin importar quienes sean?

Con la medida de plazo máximo de pago de 60 días, los que a primera vista se verían afectados son los que se dedican al factoring o compra de facturación y las empresas grandes que se apalancan aplazando los pagos de sus proveedores, aunque estas tendrían 2 años para ajustar sus planes de inversión.

Así que repito: ¿Qué es lo que asusta a la ANDI? ¿A quién está protegiendo?

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