Pensamiento Sobre la Suspensión de Daniel Quintero.

En la noche del 10 de mayo, la Procuraduría anunció la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero por la “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”.

En la mañana del 11 de mayo, el alcalde Quintero expresó que no había sido notificado de tal decisión lo que constituiría una afrenta al debido proceso a que tiene derecho todo ciudadano y demuestra una vez más la falta de tino político de los funcionarios del gobierno de Duque, que parece están empeñados en darle herramientas a la campaña de Gustavo Petro para lograr su objetivo de ganar en primera vuelta.

El Artículo 127 de la constitución Nacional establece que “A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria. La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.”

Según El Tiempo, la procuraduría tiene abiertas más de 500 investigaciones por participación en política de funcionarios públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores de diferentes corrientes políticas, en el presente proceso electoral para la presidencia de Colombia. 

Para mí, no es claro como un alcalde solamente expresando su preferencia personal por un candidato o propuesta política, estaría utilizando su empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una campaña. Otra cosa es si condiciona sus decisiones administrativas al eventual apoyo de los ciudadanos a alguna causa. Sin embargo, se podría aducir que su posición de autoridad automáticamente presiona a los ciudadanos a seguir sus preferencias, cuando las expresa públicamente. Tal vez debería discutirse si cambiar la norma para las futuras contiendas electorales. Pero, mientras la norma exista como tal en la constitución, se debe cumplir y los funcionarios públicos de cualquier orden deberían evitar expresar sus opiniones en público.

Ahora, de otra parte, el salir a anunciar una decisión de control disciplinario por los medios, antes de notificar al afectado y aparentemente sin llamarlo a descargos, constituye una falta contra el debido proceso a que tenemos derecho todos los ciudadanos.

En sí, esta acción de la procuraduría, si tenía la intención de reducir la influencia del alcalde de Medellín en el electorado, logrará seguramente el efecto contrario, pues le dará la posibilidad de referirse públicamente al hecho, presentándose como una víctima de persecución política.

Una vez más parece que el mejor jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico son los funcionarios del gobierno del Presidente Duque.

Pablo Antonio Pérez Valencia.