Revista Digital CECAN E3

Examinar. Entender. Evaluar

¿Puede alguien pensar en los niños?

Volvemos al cuento de nunca acabar, “la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas” proyecto que se había presentado desde el año pasado, que ya había sido aprobado pero que en esta ocasión quedó a un paso de ser ley pues solo falta la sanción presidencial.

El proyecto, de nombre oficial Ley 401 de 2021, fue promovido por la hoy fallecida Senadora Gilma Jiménez en un intento, infructuoso a mi parecer, de hacer justicia en un territorio que se vuelca cada más hostil, peligroso y violento para los niños. Al país del Sagrado Corazón de Jesús no le sale eso de “dejad que los niños vengan a mí”. Las cifras hablan por si solas: en 2018 se registraron 710 homicidios de menores entre los 0 y los 17 años; en 2019 se contaron 727 y en 2020, pese a estar en periodo de pandemia, se asesinaron 579 menores.

En violaciones, solo para nombrar otro delito, desgraciadamente de los que más se repite, a marzo de 2021 se habían presentado 4.139 exámenes por presuntos casos de violencia sexual en menores y en 2020 (año de pandemia) se practicaron 15.359. Para cerrar el escabroso conteo, en 2019 fueron 22.613 menores a los que se les practicó esta revisión en Medicina Legal.

Cifras que no pueden pasar desapercibidas: las desapariciones de menores al año 2020 ascendían a 1.579; en el mismo periodo los menores afectados por el conflicto armado fueron 12.481 y a esto hay que sumarle los 351 niños, niñas y jóvenes “máquinas de guerra”, como dice Molano, que sin compasión alguna fueron bombardeados por parte del ejército.

Como se podrá notar, Colombia no se lleva el gran premio en lo que se refiere a cuidado de menores, pero querer resolver un problema de fondo con soluciones estúpidas de forma, solamente acrecienta más el problema y no proporciona una verdadera forma de solucionar lo que viven los niños, niñas y jóvenes en nuestro país.

Vender la cadena perpetúa como solución a un problema social como lo es la violación y el asesinato de menores en lugar de buscar mecanismos de educación, reinserción y castigo -si es lo que se quiere- realmente eficientes es otra de las banderas populistas con las que el gobierno y varios congresistas pretenden darle contentillo a una manada de focas aplaudidoras que celebran cualquier tontería como si fuera el gran premio al servicio social.

Que se diga que esto se hace por respeto a los derechos de los menores es una infamia del más grande nivel, pues si por algo se ha caracterizado este gobierno y muchos de los congresistas que hoy hacen alarde con la aprobación de la ley es, justamente, por no respetar al “grupo más vulnerable de la sociedad”.

Es tonto y absurdo seguir pensando que meter a una persona de por vida en la cárcel -abarrotadas y mal tenidas además- es una verdadera solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Una condena sin programas eficientes de reinserción social no sirve de nada; y la verdad mantener a un preso toda la vida para que se vaya a comer y dormir todo el día en una celda mientras no hace prácticamente nada no es una muy buena forma de gastar impuestos, mismos que poco alcanzan ya para mantener tanto funcionario atenido.

Calculemos las cosas no solamente desde lo infructuoso de la ley, sino también desde el costo que deriva a las arcas del país solventar este tipo de iniciativas populistas. A cifras reportadas por el INPEC en 2020, un preso cuesta 22 millones de pesos al año, es decir, 1’800 mil pesos mensuales. Lo grave no es solamente el costo anual, sino el hecho de que, según el mismo reporte del brindado por el INPEC el año pasado, en los establecimientos carcelarios del país hay 16.566 reincidentes, o sea, delincuentes que entran y salen como Pedro por su casa de las cárceles porque la justicia colombiana es incapaz de brindar mecanismos de reinserción óptimos.

Entonces, ¿vale la pena realmente seguir invirtiendo más de 2 billones de pesos anuales en la manutención de un sistema que no está siendo efectivo y que ahora se encarecerá todavía más porque para limpiar un poquito la conciencia y vender cortinas de humo van a condenar de por vida a unos cuantos?

La ley, eso sí, ya pinta con incredulidad, pues, según un recuento que hace el portal diario jurídico y que a mi parecer merecen especial atención, eso de cadena perpetua no tiene mucho.

De un lado “se considera la medida de cadena perpetua, excepcional, ya que solo es aplicable en conductas delictivas en las que un niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa, y/o acceso carnal, que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir.” De otro lado, que esto es lo más absurdo pues al final es dejar las cosas como ya están “se podrá efectuar la revisión de la pena de prisión perpetua en un plazo mínimo de 25 años, para imponer una pena temporal, por evaluación de resocialización, que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido de (50) años y en caso de concurso de 60 años”.

Ahora bien, “la revisión de la pena para evaluar la resocialización no es en ningún caso una medida para concederle la libertad al sindicado”, es decir más gastos para que al final “en casos donde la decisión del juez sea no conceder la modificación de la pena de prisión, transcurridos al menos 10 años desde la fecha en que fuere negada, se podrá solicitar de nuevo la revisión de la pena.”

Así las cosas, a los 25 años de condena se puede pedir revisión de pena para luego ser condenado no a cadena perpetua sino a entre 50 y 60 años de prisión. El hecho que se busca, entonces, es que un preso muera en la cárcel mientras el Estado sigue poniendo gran cantidad de recursos en mantenerlos no solamente a ellos sino al sistema ineficiente carcelario.

Leyes populistas que se burlan del pueblo y de su dolor, que poco funcionan y que no solucionan los problemas de fondo. A fin de cuentas lavémonos las manos, derrochemos y escurramos el bolsillo de un país cada vez más pobre, jodido y envuelto en la corrupción, el populismo y la mermelada.

La realidad del asunto es que la ahora ley no soluciona de fondo nada, esto ni va a parar las violaciones de menores y mucho menos el asesinato de los mismos. El llamado es a ser conscientes de los hechos y a tratarlos como un problema estructural y social que requiere de mecanismos de educación y de atención psicosocial tempranos.

Vender una ley como la gran solución cuando el mismo gobierno y los mismos congresistas violentan los derechos de la niñez y de la juventud es caer muy bajo. O por lo menos deberían empezar por dejar de disparar contra los jóvenes, dejar de bombardear niños y reformar a las fuerzas armadas para que dejen de violar niñas.