¿Puede una maestra preguntar válidamente por los falsos positivos y sobre la responsabilidad que le cabe al expresidente Uribe Vélez en su comisión?

Por: Jose Anibal Morales

-Elementos para contribuir a la defensa de la maestra y visibilizar la necesidad de respaldarla-

¡Cuán difícil es ser maestro/a!, en cualquier país del mundo, pero creo que en Colombia, de manera muy especial. En algunas regiones, sobre todo, además de afrontar los complejos conflictos que se presentan en la convivencia con los estudiantes (poco incidentes en los tiempos del “aprendizaje en casa”) y sus familias, los/as docentes deben responder también a los requerimientos de los poderosos dueños armados de los territorios. Son ya muchos/as los/as maestros/as que han tenido que abandonar sus trabajos debido a las amenazas de los violentos. Pero, hoy podemos constatar que la violencia no surge solo de las organizaciones armadas. Maestros y maestras son también víctimas de acoso y persecución a causa de las prácticas pedagógicas que realizan y de las ideas que asumen en el cumplimiento de su misión.

Aunque un/a maestro/a no haya leído a Sócrates, en general su quehacer tiene siempre mucho de socrático: debe hacer preguntas, antes que dar respuestas, como solía hacer en la antigua Grecia el maestro de Platón, para avanzar en pos de la verdad. No solamente en el campo de las ciencias sociales sino también en el de las ciencias naturales y las matemáticas es indispensable contribuir a la formación del espíritu crítico de los niños y las niñas, mediante el planteamiento de interrogantes a los que los/as aprendices deben enfrentarse y buscar respuestas. Para ello ha de fomentarse también el espíritu investigativo, cuestionador, analítico, este es un propósito que hace parte fundamental de los proyectos educativos de todo centro de formación. No se va ya a la escuela a recibir información y datos que no puedan ser interrogados, no. Hace tiempo que el autoritarismo, el verticalismo, el pensamiento único y la educación “bancaria” fueron (o debieron serlo) reemplazados por la educación dialógica, llamada liberadora por el pedagogo brasileño Paulo Freire.

El libro de los “porqués” (hoy circulan muchos con ese nombre) debe estar siempre apoyando la formación de todo/a aprendiz. ¿Por qué caen las cosas? ¿Por qué se esconde el sol y sale la luna? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se producen los terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué…Y los/as primeros/as que deben ayudar al/la niño/a a interrogar el mundo, son los padres y las madres. Así, irremediablemente llegará el momento en que el/la niño/a les pregunte por ejemplo, ¿Por qué me pegas? Y en la educación dialógica, no bastará un “porque sí”, o un “porque yo soy papá y mando aquí”. Harán falta las explicaciones, el razonamiento; el diálogo es una buena vía para que esto ocurra.

En el año 2004, el Ministerio de Educación Nacional hizo obligatoria la enseñanza de las competencias ciudadanas, después de un largo camino de preparación, contando con el apoyo del super experto mundial en el planteamiento de los dilemas morales para la formación del juicio moral en los/as niños/as, el alemán George Lind, de la Universidad de Konstanz, entre las muchas personas que contribuyeron al diseño del conjunto de competencias básicas para la formación de los/as nuevos/as ciudadanos/as.

En la Guía No. 6 del MEN, “Estándares básicos de competencias ciudadanas”, se estipuló de manera categórica que “Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros”. En ella se planteó la idea de que las competencias ciudadanas deben contribuir al desarrollo moral del/a estudiante, y definió desarrollo moral como “el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común”.

El Ministerio planteó un interrogante sobre “los espacios específicos para la formación ciudadana” y resaltó en este sentido el valor de los proyectos escolares, pero dijo también que “Otro de los espacios tradicionalmente usados para tratar los temas de ciudadanía es la clase de ciencias sociales (subrayado mío). Y aunque ya sabemos que esta área no debe ser la única, sí debe seguir jugando un rol muy importante. Las ciencias sociales brindan conocimientos y conceptos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía, tales como los mecanismos, las instancias y las dinámicas de participación democrática”.

En la vida escolar, las ciencias sociales se relacionan estrechamente con la formación en ciencias económicas y políticas, la educación ética, la educación religiosa y la filosofía; tanto es así, que todas estas áreas se asignan, habitualmente a los/as docentes que tienen nombramiento en el área de ciencias sociales. Así entonces, todos/as estos/as docentes han recibido del Estado (gobierno nacional – Ministerio de Educación) una misión específica y de hondo significado: contribuir a la formación de las competencias ciudadanas en los/as estudiantes colombianos/as. Estas competencias son cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras, y se clasifican en tres grupos: 1. Convivencia y paz 2. Participación y responsabilidad democrática y, 3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

La maestra, el maestro, no puede estar de espaldas a la realidad en ningún momento ni espacio. Muy seguramente en la escuela del siglo XIX, los/as maestros de la Gran Colombia tuvieron que plantear y discutir algunas preguntas relacionadas con la condena a muerte del General Santander por el gobierno de Simón Bolívar, pena luego conmutada por el destierro. ¿Cómo a un héroe, vicepresidente del Estado, podía pasarle esto? Este tipo de preguntas podrían incomodar, sin duda, al mismo General Bolívar. Quizás el mismo maestro del Libertador, Simón Rodríguez, hubiera sido el primero en cuestionar una medida dictatorial como esa, él que era un amante de la libertad y así, en el amor por la libertad, había educado a su discípulo.

En 1903, un/a maestro/a bien informado podría estar analizando con sus estudiantes acerca de la relación entre la Guerra de los Mil Días y la separación o el “robo” de Panamá. De allí, saldrían otras preguntas como ¿cuál fue la responsabilidad del presidente José Manuel Marroquín en la pérdida del Canal y de Panamá toda? A las élites responsables de esta vergüenza histórica, no les gustaría que se promoviera el análisis crítico de estos hechos entre las nuevas generaciones, por lo cual querrían maestros/maestras que no indagaran mucho por los detalles del Tratado Hay-Bunau Varilla y demás hechos concomitantes.

En 1958, tuvo que haber muchos/as maestros/as que querrían, al menos, compartir con sus estudiantes los interrogantes acerca de cómo fue posible que, después de la matanza de unos 300.000 colombianos/as (en la “gran violencia”), liberales y conservadores se repartieran la manzana del poder tranquilamente en el denominado Frente Nacional. Laureano Gómez y Alberto Lleras no verían con buenos ojos que hubiera docentes enseñando a sus estudiantes a preguntarse sobre por qué siempre el pueblo pone los muertos, de cualquier bando, y las élites se las arreglan para convivir en las mieles de la riqueza.

En los ochenta, se desarrollaba en Colombia un proceso de paz muy significativo, entre el gobierno nacional y las guerrillas existentes (Farc, ELN, EPL, M-19, etc). Muchos/as maestros/as se sentían obligados a indagar por estos hechos y a preguntarse con sus estudiantes por qué era posible, necesario y conveniente dialogar con grupos violentos, alzados en armas contra el Estado y, claro, las respuestas no eran fáciles. Ayer cómo hoy, había enemigos públicos y escondidos de la paz. ¿Era este un tema para desarrollar en las clases de Ciencias Sociales, de Filosofía, de Ética, al menos? En 1983 el gobierno de Belisario Betancourt expidió un decreto que fundamentó la Educación para la democracia, la paz y la vida social, con la idea de que sus contenidos fueran incluidos como parte integral del currículo. ¿Por qué esto? Porque se trataba de que las nuevas generaciones pudieran conocer y comprender su realidad histórica (relación pasado, presente, futuro), y adquirir las competencias (no se hablaba de estas en esa ápoca) para ser ciudadanos/as constructores de paz, en un país martirizado por la guerra, la violencia y la muerte.

Para algunos, ese decreto, que hacía parte de la denominada “renovación curricular” que se iba introduciendo en el sistema educativo, respondía más a los intereses del marxismo y del comunismo colombiano que a cualquier otra cosa. Todo lo que no fuera adoctrinamiento en los valores cívicos y morales tradicionales, resultaba contrario a la visión de ley y orden que el país conservador tenía (aún vigente la Constitución de 1886). Se habló, por primera vez de manera expresa, de la importancia del respeto por los derechos humanos, en un país en el que los promotores de los derechos humanos eran comúnmente considerados enemigos del gobierno y del Estado (Estatuto de seguridad de Turbay Ayala de 1978, torturas en las caballerizas del ejército, justicia en manos de los militares, etc).

Y en 1990 y 1991 se pidió a todo el pueblo colombiano participar en el proceso constituyente. Los/as educadores/as tenían que jugar un papel relevante en dicho proceso. ¿Cómo permitir que gente violenta, guerrillera, participara en la construcción de la nueva Constitución, aunque ya estuvieran desmovilizada? ¿Por qué el Estado no hizo algo mejor y “eliminó” de una vez por todas a las guerrillas que no eran sino organizaciones terroristas?, se preguntaban algunos. Estas preguntas, se parecen a las que hoy se hacen los sectores políticos e ideológicos enfrentados alrededor de la manera de alcanzar la paz. A las Farc se las debió eliminar, como a todos los terroristas; el conflicto armado nunca existió, solo se trató del combate entre terrorismo e instituciones legítimamente constituidas. El proceso de paz es el resquebrajamiento del “orden” y de la “libertad” que pretendían conservar las clases dominantes en el país. Para otros, era la oportunidad para transformar un país excluyente, violento, extremadamente desigual, injusto, en una sociedad más vivible y pacífica.

Aquí estamos. En este marco, la maestra de un colegio oficial plantea a sus estudiantes ¿Qué es un falso positivo? ¿Quién los ordenó? ¿Quiénes son las Madres de Soacha? ¿Por qué es especialmente grave que el ejército y el gobierno estén implicados directamente en el tema de los falsos positivos? ¿Qué es la JEP? ¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Alvaro Uribe en el tema de los falsos positivos? Y esta pregunta que expresa claramente la intención, nítida y transparente de la educadora: ¿Por qué es tan necesario que se sepa la verdad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano?

Para algunas personas, que niegan la existencia del conflicto armado, que han sido siempre partidarias de la política de “eliminación violenta del enemigo” y no de “diálogos inútiles” con terroristas, resulta claro que la docente “toma partido”, es aliada de aquellos que son partidarios del proceso de paz, promotores de los derechos humanos, amigos del trabajo de la Comisión de la Verdad, de la JEP y de los demás órganos creados por el Acuerdo de paz como partes integrantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación SIVJR, convertidos en entes que componen la institucionalidad del Estado, como que fueron introducidos en el ordenamiento constitucional por un acto legislativo (01 de 2017). Ahí está el fondo del asunto. Ella da a entender que comprende lo que significa la justicia transicional y su valor en la búsqueda de una paz estable y duradera.

Todo esto, a los partidos políticos enemigos del proceso de paz y de los acuerdos de la Habana, y, por ello, de la Comisión de la verdad y de la JEP, les parecerá subversivo, peligroso, actitud “adoctrinadora”. Pero, ¿Qué está haciendo la docente, realmente? Contribuyendo al esclarecimiento de la verdad, ¡cumpliendo con un deber constitucional y legal! En la Guía No. 6, ya mencionada, los estándares de competencias ciudadanas para grado 9 incluyen: “Analizo, de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia”.“Identifico y analizo las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y políticos”.“Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas para prevenir dichas situaciones”.

En los estándares para grados 10 y 11:“Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos”. “Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa”.“Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio de la administración de justicia y del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle seguimiento crítico, para evitar abusos”.

Así de claro: la sociedad civil debe hacerle seguimiento crítico, para evitar abusos. De ello se ocupa el taller que la maestra propuso a sus estudiantes.

Los falsos positivos no son invento de ella, no es abusivo preguntar por la vinculación de miembros de las fuerzas armadas del Estado ni del expresidente, exgobernador y ex senador Uribe, a ellos. Ya hay fallos judiciales contra algunos implicados en su realización y diversas investigaciones han establecido que la mayor cantidad de estos hechos (son al menos 6402 víctimas) se produjeron bajo el gobierno del presidente Alvaro Uribe, entre los años 2002 y 2008. Por eso, si se pregunta ¿qué responsabilidad le cabe al presidente de esa época?, se trata de un cuestionamiento perfectamente pertinente. En los procesos judiciales en los cuales se han producido las condenas, algunos procesados han hablado de la vinculación directa del presidente en esos hechos que condujeron a la desaparición y muerte de tantas personas (muchas de ellas jóvenes). Además, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención y pasó a la historia como el preso con el número 1087985, la gente se puede preguntar si así como fue procesado por esos delitos que lo llevaron a la prisión, no tendría también que ver directamente con los delitos relacionados con la comisión de los falsos positivos. El ex Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, lo ha calificado como “un criminal de guerra” . Si el expresidente no hubiera renunciado a su curul en el senado, la Corte Suprema de Justicia lo hubiera seguido investigando por su posible vinculación a la masacre del Aro cometida en 1997 .

La periodista Piedad Bonnet resaltó la confesión de un capitán del Batallón de Contraguerrillas No. 42 del ejército quien contestó cuando una madre le preguntó, en el interrogatorio judicial, por qué mató a su hijo: “Para eso me entrenaron, para matar” . La escritora dijo también, a propósito del tema que la docente en cuestión propuso para averiguación de los estudiantes: “Que los “falsos positivos” fueron ejecutados por militares cuyo deber es proteger y defender los derechos humanos. Y que no se trató de bajas en combate, sino de la fría aniquilación de miles de jóvenes inocentes, muchos de ellos vulnerables”. Agregó que “Por eso la verdad es necesaria: para entender y juzgar Algo, por supuesto, que a muchos de los que dieron la orden no les interesa. Tampoco al expresidente Uribe que, sintiéndose aludido, no sólo reaccionó atacando a la JEP y cuestionando las cifras —como si un solo falso positivo no ameritara indignación—, sino que, como una fiera herida y con el tono de energúmeno que ya le conocemos, se atrevió a insultar a José Miguel Vivanco —quien afirma que hay evidencias de que directivas ofrecían recompensas— diciéndole: “Ya que usted es militante de Farc no debería dar apariencia de defensor de DD. HH.”. Inconcebible. Tanta desmesura da mucho qué pensar”.

Son muchos hechos relacionados con el expresidente los que lo comprometen en investigaciones judiciales. Por ejemplo, el DAS (ya extinguido por los delitos cometidos) y el Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno Uribe, fueron condenados por las interceptaciones ilegales realizadas al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ivan Velásquez, a quien el presidente de la época acusó de realizar conductas presuntamente delictivas . ¿Qué responsabilidad le cabe al expresidente por estos hechos? De hecho, el Director del DAS, nombrado directamente por el presidente Uribe en 2002, fue condenado a 25 años de prisión en 2011 por varios delitos, entre ellos el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis y por poner el aparto de inteligencia del Estado al servicio del paramilitarismo y del narcotráfico . ¿Qué responsabilidad le cabe al expresidente Uribe por todo esto? ¿Se puede preguntar, en procura de la verdad?

Dos agentes del ejército y miembro del DAS fueron condenados por la desaparición y asesinatos de dos personas en el Municipio de Alvarado, Tolima, en 2007. El delito imputado: ejecuciones extrajudiciales (para ir precisando lo de falsos positivos).

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos durante los años finales del gobierno Uribe, Cristian Salazar Volkman, relató en 2012 que el presidente Uribe desatendió reiteradamente las alertas tempranas que se le hicieron en relación con los falsos positivos. Al parecer, decidió simplemente creer la versión de los miembros del ejército implicados y nunca se refirió a estos informes sobre ejecuciones extrajudiciales . El presidente en ejercicio dijo en un discurso: ““Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”. Pero hoy, cuando se cuentan hasta 6402 falsos positivos, se ve que esos “corifeos” tenían razón.

La JEP ha precisado, en el Caso 3, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados falsos positivos, que en el gobierno de Alvaro Uribe, entre los años 2002 y 2008, se registraron al menos 6402 víctimas. De esta sola constatación de la JEP, resulta lícito y relevante para un ejercicio de indagación de la verdad preguntar ¿cuál responsabilidad pudo tener el presidente de la República en ese período? O, ¿No?

El General Henry Torres Escalante, ex comandante de la XVI Brigada, fue el primero de su rango en el ejército en aceptar su responsabilidad en estos hechos, después de haberla negado reiteradamente. Sus suboficiales lo obligaron a confesar, pues dieron información exacta ante la JEP, con pelos y señales, de cómo ocurrieron los hechos. Estos uniformados admitieron al menos 60 operaciones ilegales contra civiles desarmados y aseguraron que la orden venía de arriba, de quien los “apretaba” por resultados . El mencionado general habría dicho a sus subordinados “Estamos en guerra, los derechos humanos no existen cuando hay guerra”. El capitán Rivera, dijo que a él lo regañó porque se negó a dar de baja a dos personas que acababan de capturar. El mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte declaró que él realizó más de 60 ejecuciones extrajudiciales, acusando al general Torres de promoverlas.

Se trata entonces de hechos documentados por la justicia, con personas individualizadas y responsabilizadas penalmente por su comisión. No es que alguien esté “adoctrinando” a niños y niñas y a personas desprevenidas, “metiéndoles” una idea falsa de lo que han hecho algunas autoridades del Estado, que se han desviado de sus funciones constitucionales.

En otro testimonio, el coronel Gabriel de Jesús Rincón confesó que, en plena ofensiva militar para pacificar el país, las neveras de la morgue de un poblado se llenaron; los cuerpos sin identificar de supuestos guerrilleros y delincuentes tuvieron que ser llevados hacia una fosa común, pero en realidad “la morgue se había llenado con civiles asesinados” . Él fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 entre 2006 y 2008; afirmó que con la exhumación supo quiénes eran realmente sus víctimas: jóvenes pobres que fueron engañados y llevados a Ocaña desde el municipio de Soacha, área próxima a Bogotá y a 740 kilómetros del sitio donde las tropas los mataron.

Y para que no se crea que se trata de “inventos” de una justicia nacional ordinaria o transicional sesgada contra el ejército y el expresidente, la Corte Penal Internacional ha estado también muy atenta a la evolución de las investigaciones. Desde 2017, 29 oficiales colombianos de alto rango que estuvieron a cargo de diez brigadas entre 2002 y 2009 son considerados de interés de la Fiscalía de la CPI. También , la ONG Human Rights Watch publicó en 2015 un informe que recolecta evidencia, en su criterio, suficiente para decir que los “falsos positivos” no fueron obra de “manzanas podridas”.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, condenó al Estado colombiano por hechos en los que varios ciudadanos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura y hasta violación del derecho a la honra, realizados por agentes del Estado . “Esas muertes habrían ocurrido en manos de agentes de seguridad del Estado y habrían tenido lugar en el contexto denominado como “falsos positivos”, lo cual consiste en ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos”.

Las Madres de Soacha constituyen un colectivo de víctimas que no han descansado nunca, desde que se dieron cuenta de la desaparición y del asesinato de sus hijos, en el propósito de lograr que se haga justicia. Comenzaron 19 y hoy quedan 14 en la lucha. Se dedican a denunciar los hechos y van a colegios y universidades para que las nuevas generaciones se enteren del horror que no se puede repetir. Su asociación se denomina MAFAPO.

Así pues, la docente de Ciencias Sociales, acusada de “adoctrinamiento”, acosada y amenazada, lo que está haciendo es analizar la realidad de nuestro país, en la cual unos hechos violentos, trágicos, vergonzosos, han enlutado y destruido la vida de miles de colombianos/as. ¿Cuáles respuestas encontrarán los estudiantes por medio de sus propias indagaciones y en los debates que posteriormente se realicen en el aula de clase? No lo sabemos, pero quien esto escribe está dispuesto a contribuir para que ellos/as tengan la mayor cantidad posible de elementos de juicio para llegar al esclarecimiento de la verdad, propósito esencial de la actividad propuesta por la docente, el cual resulta fundamental para la consolidación de la sociedad pacífica y respetuosa de los derechos humanos que todos/as anhelamos.

¿Qué está usted dispuesto a hacer, amable lector/a?

“Para la vida, la verdad y la paz, todo. Para la guerra, la violencia y la muerte, …nada”.

Cali, Abril 10 de 2021

PD: Tarea para todos/as los educadores/as de Colombia:

• 1. Explicar a todos/as los/as estudiantes del país qué son los falsos positivos
• 2. Indagar por las Madres de Soacha y las víctimas que luchan por el esclarecimiento de la verdad sobre la muerte de sus seres queridos y resaltar el valor de sus luchas.
• 3. Plantear las preguntas: ¿Por qué es especialmente grave que el ejército y el gobierno estén implicados directamente en el tema de los falsos positivos? (Mostrar los hechos que así lo demuestran). ¿Por qué es tan necesario que se sepa la verdad de lo que pasó en el conflicto armado? (explicar qué es conflicto armado).
• 4. Preguntar por la posible responsabilidad de Alvaro Uribe Vélez, pero no solo en los falsos positivos, sino también en las masacres del Aro, La Granja, y…también preguntar por su riqueza: ¿de dónde salió la hacienda El Ubérrimo que tiene 1.500 hectáreas (¡!)? ¿Por qué sus hijos y su esposa recibieron 3.000 millones de Agroingreso Seguro cuando el papá-esposo era el presidente de la República? ¿Por qué si el paramilitarismo tuvo su nido en Córdoba y el Ubérrimo está en medio de todo, la convivencia del Presidente fue muy pacífica con todas esas organizaciones armadas? ¿Cuál es la historia de las haciendas Guacharacas y la Carolina?¿Otras preguntas para la tarea? Se requieren para esclarecer la verdad