Reactivación Económica, ¿Un paso adelante o atrás?

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En Colombia las decisiones tomadas frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el mantenimiento del orden público, hasta hoy, se han caracterizado por ser prudentes, económicamente bien sustentadas, calificadas por algunos como tardías, pero en su mayoría con buenos resultados respecto a la dinámica de la región. Una de las mayores preocupaciones de todos los colombianos, es dar pasos que signifiquen retrocesos, en nuestro caso más muertes y/o estados de confinamiento absoluto y colapso hospitalario. El 24 de abril el Gobierno nacional a través del decreto 593 del 2020, anuncio la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 11 de mayo, además, amplío de 35 a 41 las actividades exceptuadas del aislamiento, donde claramente se toma la decisión a favor de una aceleración económica en sectores específicos, medidas sociales regulatorias, a saber algunas de las actividades

1. Obras de infraestructura, de transporte y obras públicas con su cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, trasporte y comercialización, y de igual forma las empresas dedicadas a la a las manufacturas de productos textiles, de cuero, prendas de vestir, transformación de madera, fabricación de papel, cartón, fabricación de productos químicos, metálicos, eléctricos (todos comercializables por plataformas digitales).

2. Los Call Center.

3. Los servicios financieros y bancarios.

4. Los Juegos de apuestas y azar, chance y lotería.

5. La industria de las bicicletas convencionales y eléctricas y parqueaderos públicos. En cuanto a lo social, el decreto se refiere a:

a. El desarrollo de actividades físicas al aire libre individuales.

b. La prohibición del consumo de bebidas en todo el territorio nacional.

c. La garantías para el personal médico y del sector salud

Si bien la reactivación económica es un paso adelante y necesario, orientado a proteger el empleo y la sostenibilidad financiera de las empresas, conforme a datos del Dane estos sectores emplean el 18% del total nacional ocupado, y del éxito de estos dependen la apertura de otros sectores y el desempeño económico nacional, realizarla de forma improvisada, sin una estrategia real y aterrizada frente a los más de 5.142 casos de Covid-19, es un riesgo inminente para un posible crecimiento de la curva epidemiológica o contagio masivo.

La resolución reglamentaria 0666 de 2020, es débil frente a las herramientas efectivas y responsabilidad del gobierno nacional para lograr la debida socialización, tener los procedimientos de control y prevención, articulados en los territorios con los alcaldes y gobernadores, para evitar posibles contagios, aun cuando la aplicación de los protocolos de seguridad en movilidad, salud pública, verificación del impacto o ejercicio de seguimiento y bioseguridad, están trasladados y asignados al empleador o contratante, sin existir un periodo de prueba o evaluación para tal fin; además de solo contar con corto plazo no mayor a 60 horas, para que las mandatarios locales lo condicionaran a sus respectivos territorios.

Hoy es necesario reflexionar si: ¿todo el esfuerzo ciudadano frente al confinamiento, se debe poner en riesgo por falta de un ejercicio responsable de planeación administrativa, entre todos los sectores que participan (públicos, privados, civiles) de la reactivación económica gradual?, circunstancia que me lleva a argumentar que además de estar a prueba toda la estrategia de salud pública avanzada con referencia a la pandemia, los miles de empleos y estabilidad de las empresas, al día de hoy, también lo está nuestro modelo de descentralización administrativa, que claramente se caracteriza por delegar y trasladar a las regiones las responsabilidades del territorio y centralizar o asumir en la capital las decisiones administrativas y presupuestales.

Cuestionable o no, el tejido empresarial asume de manera protagónica la responsabilidad de activar laboralmente a 22,3 millones de colombianos, además del cuidado y control en los contagios de los mismos y sus familias, medida que merece un llamado urgente al gobierno nacional, primero para la implementación de un plan masivo de test para estos sectores habilitados y segundo la obligación de reestructurar el diseño de la estrategia de control público-privada liderada por alcaldes y gobernadores, en la ejecución de los protocolos de seguridad en movilidad, bioseguridad y mecanismos de control, para la activación económica exitosa y responsable, que permita el avance de esta fase y no un retroceso.

Juan Pablo López

Abogado y Emprendedor Social

@juanPL0lopez

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