Revisión de las políticas públicas del municipio

Con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales del país y en la propia ciudad de Cali, se impone la necesidad de revisar las políticas públicas derivadas del plan de desarrollo del alcalde Jorge Iván, relacionadas con las necesidades e intereses esenciales de los caleños agobiados con el peso de la crisis económica y la pandemia del Covid-19.

Dicha revisión implica tener en cuenta las necesidades de los jóvenes, de mujeres y de vastos sectores de la población que han sido abandonados a su suerte por los gobernantes de turno. Para tal efecto no solo se tendrán que cambiar los esquemas administrativos del manejo de los asuntos públicos, sino la manera de utilizar adecuadamente los recursos del erario público aprobados por el Concejo Municipal, para la ejecución de los proyectos y programas que tengan por objeto y de manera preferencial promover nuevos empleos a cientos de jóvenes y mujeres que en este momento se encuentran atravesando una situación difícil desde el punto de vista económico y social.

En este momento las políticas públicas no pueden desconocer el alto grado de informalidad y de inseguridad que se vive en la ciudad, que han estimulado la proliferación del delito y del crimen organizado que es necesario combatir a partir de la puesta en práctica de unas políticas de carácter social y de seguridad acordes con la realidad existente y los intereses comunes de los ciudadanos.

Por otra parte, deben dejarse de lado aquellos proyectos urbanísticos que como la construcción del edificio inteligente, el parque temático, la renovación de la avenida sexta entre otros, poco o nada contribuyen de manera directa e inmediata a solventar las necesidades crecientes de la población caleña.

Así las cosas, ha llegado el momento en que la administración vuelva sus ojos hacia los corregimientos y veredas que integran la mayor parte del territorio municipal y que podrían contribuir eventualmente al desarrollo de políticas de sostenimiento alimentario que favorecerían a toda la ciudad y en especial a la población campesina que vive en dichas zonas rurales y que lamentablemente vienen siendo urbanizadas por los nuevos colonizadores interesados en construir grandes complejos habitacionales, hoteles, centros comerciales, y toda clase de infraestructuras para el desarrollo de negocios de diversa índole, a partir de la expulsión de vastos sectores de dicha población que habita esta inmensa área rural.

Igualmente, el transporte público masivo debe constituir una prioridad que tendrá que ser atendida inmediatamente por la administración, partiendo de la idea de integrar y fortalecer el sector público de transporte de la ciudad en cabeza de la municipalidad y no de un grupo de operadores, que por lo demás llevaron a la crisis financiera, técnica y operativa al sistema.

Entretanto la salud requiere en este momento de una mayor atención en lo relacionado con la intensificación de la vacunación contra el Covid-19, como de la implementación de una política de salud pública más realista y accequible a la mayoría de los caleños que son atendidos en las Empresas Sociales del Estado -ESES-, y en los hospitales públicos en su mayoría carentes de los recursos médicos y profesionales para atender las necesidades de los caleños.

La veeduría que representamos considera posible convenir una alianza con el sector privado para construir una gran clínica para el tratamiento del cáncer y de las futuras pandemias que según la OMS tendrán que afrontar la sociedad en el futuro inmediato, para lo cual se podría aprovechar el predio del antiguo Club San Fernando en plena negociación con el municipio de Cali.

Lo que no debe suceder es que los nuevos recursos se utilicen en la contratación de PS al estilo de los “guardas cívicos”, para satisfacer las apetencias de la clientela política y sobre todo alimentar las arcas de las empresas electorales en las cuales tiene interés el alcalde Jorge Iván.

ADENDA: La colocación de la escultura de una cabra por el artista Alvaro Márquez en donde se encontraba la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar derribada por integrantes de la comunidad indígena Misak, constituye un despropósito que solo es posible de haberse materializado en una ciudad en la existe una total relajación del principio de autoridad en cabeza del alcalde Jorge Iván y del cuerpo de policía, más empeñado en la restricción y violación de los derechos de los manifestantes de la protesta social y del paro nacional, que de vigilar y proteger el patrimonio cultural e histórico de la ciudad, permitiendo que un ciudadano termine imponiendo su voluntad por encima del interés general.

En el caso de la estatua de Sebastián de Belalcázar ésta se erigió desde 1937 en recuerdo del hecho histórico de la fundación de Cali, autorizado por el Concejo Municipal de la ciudad y la Academia de Historia de la época, colocado en un lugar desde el cual se divisa la ciudad y señala hacia el Pacífico, con una carga de simbolismo sobre Cali y su futuro. En ningún caso dicha escultura constituye un homenaje a un depredador o genocida, conceptos que para aquella época no se utilizaban en tanto no se había aprobado  la Carta de Derechos de Naciones Unidas y mucho menos existían la Corte Penal Internacional ni el Estatuto de Roma, que castigan las conductas genocidas y definen los hechos constitutivos de tales conductas reprobables.

La idea de integrar un comité a dedo por parte de la administración municipal encargado de definir el destino de lo que debe hacerse con posterioridad a lo sucedido en dicho lugar icónico de la ciudad, es un asunto que corresponde decidir directamente a la comunidad caleña mediante consulta popular con aplicación del principio constitucional que obliga a las autoridades a facilitar la participación de los ciudadanos en aquellos asuntos de interés general que los afectan, en este caso y de manera directa en sus intereses de carácter histórico y cultural por encima de los intereses de un sector de la sociedad.

El alcalde debe entender que haber sido elegido por casi trescientas mil personas del total de 1.726.439 aptas para votar según datos de la Registraduría para las elecciones de octubre de 2019, no le otorga la facultad para decidir con un comité de sus afectos y en nombre de todos los caleños lo que debe hacerse con el histórico lugar de la plazoleta donde termina el parque del acueducto., y que aparece en postales, propagandas, etc., identificando el lugar como un sitio turístico e histórico de gran significación para la ciudad y para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social

Pablo A. Borrero V.  Luz Betty J. De Borrero