¿Control preventivo?

Hace pocos dias, en el pais se volvió discutir sobre la necesidad de acabar con las contralorías regionales y dejar solamente la Contraloría General de la Nación, y unos dias antes el Contralor General Carlos Felipe Córdoba, hablaba sobre control preventivo como diferente a control previo en su recién aprobado Proyecto de Acto Legislativo, y el contralor general de Antioquia Sergio Zuluaga se encontró inmerso en un escándalo de corrupción y enriquecimiento poco claro, por no decir ilícito.

Para ilustración de nuestros lectores vamos a explicar que además de la Contraloría General que audita a la Nación, hay una Contraloría en cada departamento para auditar las gobernaciones y en los municipios mas grandes del país, las contralorías municipales, para un total de 62 contralorías territoriales.  Las contralorías se encargan de hacer las auditorías anualmente a las entidades públicas de sus respectivos territorios y evaluar si sus actuaciones se han acogido a las normas legales vigentes y principalmente si los dineros publicos han sido manejados correctamente.

Las contalorías entonces llevan a cabo el control fiscal en sus territorios y eso está bien.

Hace años las contralorías ejercían el control previo, es decir que antes de el estado realizar un pago, la contraloría debía revisar si este correspondía a un bien o servicio realmente ejecutado y en buenas condiciones. Esto derivó en una especie de coadministración y en fuente de posible de corrupción, por lo que se implantó entonces el control posterior que es la revisión de los actos una vez terminados.  Lo que se busca con el control posterior es auditar las actuaciones ya cumplidas e investigar cuando asi lo amerite si hubo o no daño patrimonial…. y eso está bien.

Ahora, el Contralor General quiere introducir el control preventivo apoyandose en el uso de tecnología como BigData e Inteligencia Artificial, que supongo yo significa algoritmos o programas que identifiquen patrones entre los contratistas y las entidades contratantes, o alteraciones en los pliegos que beneficien algún contratista; y con estas tecnologías alertar posibles riesgos de daños inminentes al patrimonio público. El problema con esta propuesta es que la infracción no existe sino hasta que se prueba que se cometió, y hasta entonces un control de advertencia puede tomar visos de coadministración o de obstrucción a la gestión administrativa.

Para mi, la falla del sistema no ha sido el tipo de control; si previo, posterior o preventivo, sino que las personas aprovechen su posición de control sobre funcionarios para obtener beneficios ilegítimos o ilegales.

A mi entender, uno de los problemas con las contralorías son que primero auditan, luego investigan los hallazgos y por último juzgan. Por un lado es poco garantista que el mismo ente acuse y juzgue a los investigados, y por otro se presta para manejos non sanctos como los que se le están endilgando al contralor general de Antioquia Sergio Zuluaga quien aparentemente junto con otros funcionarios de su oficina se hizo de la vista gorda ante algunos hallazgos fiscales en 2017 y 2018.

Otro problema que tienen las contralorías es que cuando emiten los informes preliminares de las auditorías, los medios tienden a darles un despliegue importante y entre mas hallazgos fiscales mas espectacular el despliegue. Pero cuando viene la réplica o el proceso con la respectiva defensa del investigado, hay poca mención mediática y si el investigado prueba su inocencia, en la opinión pública queda que no se recuperó el dinero y que la contraloría es ineficiente o que cuadraron el problema y es corrupta.

Pero acabar con las contralorías en las regiones como quería el excontralor Edgardo Maya V. y ahora el senador Alvaro Uribe, no es la solución. La labor de auditoría en los territorios es difícil y requiere de personal profesional, con conocimiento y buen criterio para diferenciar cuando el funcionario actuó de acuerdo a la ley, así no haya realizado lo que a juicio del auditor se debía llevar a cabo. Si acaban las contralorías no se van a ahorrar los millones que el doctor Uribe dijo pues igual tendrán que contratar las personas necesarias para realizar las auditorías, solo que esta vez desde Bogotá en lugar de las regiones.

Ni es cierto que las contralorías sean solo entes burocráticos ni son todas corruptas como las han querido hacer ver.

A las contralorías también las auditan para ver si están haciendo bien su gestión y es posible encontrar a los corruptos como lo está haciendo la fiscalía en Antioquia con el caso de Sergio Zuluaga. Para que funcione el sistema no son necesarias nuevas leyes, solo se necesita voluntad de hacer las cosas bien y valor civil para denunciar las irregularidades.

Aunque ayudaría también:

– quitarle la función de juez a la contraloría y que solo investigue,

– que se incorporen al servicio civil en propiedad las personas idóneas necesarias para las auditorías en lugar de contratarlas cada año por prestación de servicios, y que

– haya celeridad en los procesos para dar confianza a la ciudadanía.

PABLO ANTONIO PEREZ VALENCIA.

@paperezvalencia