El siniestro hombre del sombrero aguadeño

157

El sombrero aguadeño es uno de los símbolos del pintoresco y típico municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, un municipio ubicado a 126 kilómetros de Manizales, a 2.214 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura agradable que promedia los 17° C, tierra originaria de los indios Concuyes, a quienes los españoles les cambiaron el nombre por el de Armados, al tiempo que les fueran exterminando; hoy día se distingue por paisajes de cultivos de café, plátano y caña de azúcar, pertenecer a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y ser sede del Festival Nacional del Pasillo Colombiano.

El sombrero aguadeño es una prenda (o artesanía) hecha a mano con la fibra de la palma toquilla o palma de iraca, que se cultiva y se procesa en la región, y tiene una historia que data de más de 160 años, cuando un extranjero proveniente de Ecuador enseñara a los pobladores del lugar, gracias a la abundancia que tenían de palma de iraca, a fabricar el sombrero conocido como Panamá, que si bien era proveniente de país al sur de Colombia, tomó su nombre por el uso regular que se le dio durante la construcción del canal interoceánico en el país centroamericano. Así pues, es una prenda que se ha vuelto distintivo del pueblo paisa.

Lamentablemente para la historia de esta típica prenda (o artesanía), es un hecho que se ha venido convirtiendo en un distintivo de ciertos personajes poco gratos de nuestra vida nacional y local, identificados con cierta casta de hombres (y mujeres) obsesionados por la posesión y tenencia de la tierra como fuente de incalculable riqueza, y con ello, a muchos los hemos relacionado con el despojo de tierras y su consecuente desplazamiento masivo de poblaciones, todo con fines de enriquecimiento propio de estos gamonales o de algunos pocos pertenecientes a sus círculos, en su mayoría interesados en la ganadería, la minería, los cultivos de extensión (incluyendo coca o marihuana) o la construcción inmobiliaria, y en cuyas actividades además se lavan ingentes riquezas que se ponen a circular “legalmente”, con el beneplácito de una banca privada y un sector financiero fuera de cualquier control efectivo por parte de los órganos de control del Estado, los cuales, por cierto, se encuentran por lo regular dirigidos por personas que han estado ligadas profesionalmente a los grandes conglomerados financieros que mandan en el país.

Pero entre todas esas icónicas imágenes que rondan la memoria colectiva de nuestro país, y entre las cuales aparecen personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, los hermanos Uribe Vélez y Martha Lucía Ramírez, sobresale por estos días la de alguien que descolla por sus títulos universitarios y de posgrado y los cargos públicos y privados asumidos en el pasado (entre los que llama poderosamente la atención el haber sido un notario público), y que hoy funge como asesor del Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, y a quienes algunos le llaman “el siniestro hombre del sombrero aguadeño”; se trata del señor César Augusto Lemos Posso quien, apartándose de la formación humanística que dice tener (según se ve en su hoja de vida), ha decidido ponerse las botas pantaneras, tomar su maletín (parece un carriel), colocarse el sombrero aguadeño, y comandar en época de pandemia los asaltos del ESMAD a la población que ha osado ocupar predios públicos en el popular barrio de Siloé (lote la gallera, sector de La Estrella), para después, cual pelona con su hoz al hombro, aparecer en los desalojos en el sector La Buitrera, y después en los bajos de Pance, sector de La Viga, maltratando y lesionando ciudadanos y ciudadanas, destruyendo muebles y enseres, arrasando cultivos, etc.

Al siniestro hombre del sombrero aguadeño, se le olvidó las condiciones particulares de la época en que vivimos, que las personas a las que desaloja son las más vulnerables tanto a los efectos de la pandemia como a los de la crisis económica que le acompaña, y que no es cuestión de corto plazo sino que tendrá una mayor duración en el tiempo, que muchos de ellos no cuentan con la forma y los recursos para mantener un arriendo, que vienen de ser desplazados y hacinados por un sistema que produce miseria por donde pasa, que, en definitiva, son a los que debe proteger y amparar con más vehemencia el Estado.

Por el contrario, queda el tufillo de que el ex notario del sombrero aguadeño, en lugar de aplicar su formación humanística y conocimientos en Derecho para poner en práctica figuras jurídicas como la Excepción de Inconstitucionalidad ante órdenes (que seguramente él mismo promueve como asesor calificado que es del Alcalde) abiertamente violatorias de los Derechos Humanos, ha optado por ponerse del lado de proyectos de construcción urbanística que en nada se dirigen a materializar y dar vida al artículo 51 de la Constitución Política (el cual exige del estado garantizar el derecho a una vivienda en condiciones dignas para los ciudadanos más necesitados), orientando su actuación de manera preconcebida a dejar el panorama despejado, la tierra arrasada, para que dispongan de ellas las grandes constructoras, que, además de ser las que realmente acaban con los recursos naturales, contaminan las aguas de los ríos, deforestan masivamente los bosques e igualmente acaban con innumerables especies animales, son los que vienen disponiendo de tierras ejidales apropiadas históricamente por los grandes terratenientes de la comarca.

Es hora de poner las cosas en orden y reorientar la función pública hacía los fines que le impone la Constitución Política y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, más en estos tiempos de crisis económica, con su consecuente aumento del desempleo, escases y miseria vaticinada por los expertos, a lo cual se ha de sumar la depresión psíquica y moral de toda una población re-victimizada, ya no por la delincuencia común u organizada, sino por un Estado indolente y miope, mal conducido y asesorado.

Como dice Antonio Chalita Sfair en su presentación al castellano del libro Calila y Dimna (que por cierto recomiendo leer a todo gobernante que quiera obrar medianamente bien), “Entre los hombres a quienes menos puede perdonarse cuando dejan de obrar bien para obrar mal, es a aquellos que tienen capacidad de discernir y ver las ventajas que hay en lo uno y lo otro”, a lo cual agrego que, los gobernantes deben dejar de ser tan miopes y no entender la situación particular por la que atravesamos, que requieren asesorarse de hombres probos, con una verdadera visión de lo público y de la vocación de servicio que ello demanda (y menos vocación de autoridad), que sepan ver en los problemas que se han suscitado en medio de esta crisis generalizada, la posibilidad de erigirse como verdaderos estadistas, que establezcan políticas públicas reales, para personas reales en condiciones reales, y no tanta retórica.

Dicter Zúñiga

Abogado

Los comentarios están cerrados.