Otra de los mercados.

¿Más o menos Estado?

Por estos días de julio, un grupo de congresistas colombianos han estado muy entusiasmados con la proposición de una reforma tributaria que grave el patrimonio de las empresas más grandes del país, dejando a las mini, micro, pequeñas y medianas empresas tranquilas por el momento. El año pasado hubo un fuerte lobby en el congreso para evitar que se pusiera un impuesto a las bebidas azucaradas, a pesar de la evidencia de la incidencia de las bebidas azucaradas en problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes. En redes con frecuencia se reciben mensajes abogando por nuevos impuestos para proteger la industria nacional, y denuncias sobre el daño que el contrabando hace a la misma.

Todas estas propuestas y muchas otras son manifestaciones del intento de controlar o la oferta, o la demanda, o el precio de los productos que la sociedad colombiana usa en su día a día. Todas parten de la buena intención de los proponentes y defensores de cada una y todas muestran el desconocimiento que tenemos de los mercados.

Llamamos mercado a ese proceso que se da espontáneamente cuando hay personas actuando unas como vendedores y otras como compradores de bienes y servicios dando lugar a un intercambio. En teoría un mercado libre será perfectamente competitivo y mantendrá los precios justos para los vendedores y los compradores. Como nadie tiene toda la información en un mercado verdaderamente libre, no se debe intentar controlarlo porque los resultados serán siempre desastrosos.

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Sin embargo, a veces se pueden dar Oligopolios, Monopolios o Duopolios cuando los vendedores tienen poder de aumentar y mantener los precios de sus productos por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo. Esta distorsión no es justa con los compradores y es perjudicial para la sociedad en general. Debería ser función del Estado en estos casos, proteger los bienes de sus ciudadanos y propender por mercados más competitivos. Obviamente es más fácil decirlo que lograrlo, pero no se debe intentar controlar el precio, ni usar impuestos ni fomentos para intentar garantizar la competencia en un mercado.

Si se intenta controlar el precio, el Estado nunca será tan ágil como para lograr ajustar el precio cuando las variaciones en las condiciones de producción, oferta y demanda lo requieran. Si se usan impuestos para tratar de mejorar la competitividad de un mercado dado, siempre habrá inequidad con otros sectores y distorsiones que llevarán a cambiar el uso de recursos a sectores que normalmente no serían competitivos. Y, si se intenta fomentar empresas para mejorar la competitividad, lo que normalmente se logra es que se destinen recursos que estaban siendo eficientemente usados en un sector, a otro sector que sin la medida de fomento normalmente no serían eficientes o productivos.

Otro tipo de distorsión del mercado se da cuando los compradores pueden controlar el precio de manera que permanezca más bajo (o más alto cuando hay corrupción) de lo que en un mercado más competitivo se podría dar. Esta distorsión se da en los Monopsonios como es el caso de las obras públicas y los Oligopsonios que es el caso de las grandes distribuidoras de alimentos. Aquí también es importante que el estado procure una mayor competencia para que el mecanismo espontáneo de precio justo pueda funcionar en el mercado libre para beneficio de la sociedad en general.

En ambos casos, cuando la distorsión proviene del lado de los vendedores o de los compradores, el Estado lo que debe posibilitar son los mecanismos legales oportunos, ágiles y certeros para que cualquier actor del mercado que se sienta perjudicado, pueda recibir justicia. Solo una justicia ágil puede evitar la colusión y demás conductas anticompetitivas. De nada sirve aumentar penas ni tipificar conductas penales nuevas si no hay agilidad, certeza y oportunidad en la aplicación de la ley.

Pero es que, además, en Colombia, desde el Estado se incluyen factores que alteran el funcionamiento competitivo de los mercados. Por ejemplo, el precio de la gasolina que el gobierno decide cual va a ser y que según ellos obedece a una ecuación que parece variar con las necesidades del ministro de hacienda de turno. Ese precio del combustible afecta todos los bienes y servicios producidos en el país y por lo tanto se impactan tanto los costos de vida de los ciudadanos como sus ingresos al afectar la dinámica de empleo.

Otro ejemplo de distorsión en los mercados, en este caso permitida por el Estado es el arancel al azúcar importado. Es cierto que el azúcar es el producto insignia de nuestra región. Pero si no fuera por ese impuesto protector que en algún momento estuvo por encima del 100% (hoy está en 56%), probablemente nunca se habría convertido en el monocultivo que es hoy. Y tal vez, si el arancel fuera 0%, los cultivadores encontrarían otros productos agrícolas más beneficiosos en los cuales invertir contribuyendo a la seguridad alimentaria del país y los consumidores nacionales tendrían un producto 56% más económico a su disposición.

Hay más ejemplos. ¿Qué pasa con los peajes en las vías del país, muchos de ellos en manos de concesionarios privados?  Pasan y pasan los años y la vía parece que nunca termina de pagarse. Si bien es cierto que las vías requieren mantenimiento después de construidas, el precio del peaje debería ajustarse hacia abajo para sufragar los gastos de mantenimiento una vez pagada la vía, pero en lugar de eso, los peajes año tras año suben sin que sea claro, por lo menos para los ciudadanos de a pie, en que se gastan. Como el Estado impone el valor de los peajes, los usuarios terminamos usando ciertas vías, pero si el valor lo dictaran los costos reales de mantenimiento, podríamos escoger otras vías que hicieran nuestros productos más competitivos.

Y un ejemplo más. En la contratación pública, so pretexto de una lucha contra la corrupción, los procesos se han vuelto tan complicados y llenos de requisitos que reducen la libre competencia de oferentes perjudicando el control espontáneo que tienen los mercados competitivos sobre el precio justo. Y lo peor es que la percepción que la sociedad colombiana tiene sobre la corrupción en la contratación pública es que nunca ha sido tan alta como ahora; o sea que ni evitamos la corrupción ni tenemos un precio justo.

Es por cosas como estas, que debemos exigir al Estado menos intervención en variables económicas que afecten los precios, la demanda o la oferta en los mercados colombianos.

PABLO ANTONIO PEREZ VALENCIA.

@paperezvalencia