Las Cajas de Compensación Familiar deben reenfocarse para atender a la población trabajadora y no solo a la población empleada.

Carta abierta dirigida a los Directivos del Grupo Multisectorial*

Apreciados colegas:

Con un cordial saludo, pongo a su consideración algunas ideas tendientes a resolver las dificultades sociales y económicas que se están presentando para muchos sectores formales e informales de la economía, a propósito de la pandemia Covid 19 y, las cuales, considero pueden ser atendidas con el concurso principal de las Cajas de Compensación Familiar -CCF- y, en nuestro caso, a través de COMFANDI, caja vallecaucana en la que el gremio tiene representación en su Consejo de Administración.

Las propuestas que presento tienen como argumento de base, el reconocimiento y la aceptación de los cambios sociales, tecnológicos  y económicos que presenta la sociedad global y los cuales implican nuevos enfoques en las políticas públicas y en el abordaje de lo que declaramos como sociedades democráticas, incluyentes e inclusivas.

Hasta el siglo 20 el concepto de trabajo estuvo ligado indisolublemente al concepto de empleo, en tanto que a través del siglo, la economía industrial y comercial, se estructuró sobre los pilares – empresa formal, empleo formal, producto/servicio formal-, todo ello mediado por la presencia de masas trabajadoras organizadas en contextos de mercados cerrados y semicerrados.

Finalizando el siglo 20 y entrando al siglo 21, el empleo como concepto ligado al del trabajo, ha comenzado, cuando no a desaparecer, sí a transformarse y a desprenderse de la relación binaria empresa-empleado, para dar paso a una nueva relación, la del autoempleado- producto/servicio-cliente.

En estas condiciones y teniendo en cuenta que las Cajas de Compensación Familiar nacieron en el marco de una economía relativamente formal a mediados del siglo pasado, enfocadas como fórmula de colchón social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población empleada y ante los abrumadores cambios que hoy enfrentamos  en el mundo económico y laboral, se hace necesario redefinir su misión, sus estrategias y sus programas para que sigan apostando a la inclusión social, ya no de una masa empleada formalmente, sino de una masa de población trabajadora “autoempleada, independiente y/o informal” que sobrevive desarrollando múltiples actividades económicas generadoras de ingresos para sí y para sus familias.

Si aceptamos esta nueva relación económica-laboral,  tendremos que repensar en muchos aspectos el papel de las CCF y aprovechar la coyuntura para posicionar su oferta institucional y su cobertura, como referentes de una nueva formalidad laboral, ya no de empleados, sino de trabajadores y que potencie la visión de responsabilidad social empresarial, que sostiene su ideario y su actuación.

¿Quién con buen juicio, puede desconocer que antes que empleado, se es trabajador y que la actividad laboral del sujeto, no puede condicionarse por factores externos que éste no controla, para merecer ser receptor de beneficios de compensación social?  Beneficios  que son los que al final de cuentas, importan a una masa creciente, desbordada y desamparada de compatriotas que, además de ser autogeneradores de ingreso, resultan injustamente  castigados por el sistema de bienestar familiar, por el pecado de no poder demostrar un empleo formal.

Así las cosas, el primer y definitivo cambio que las CCF deben abocar es el de replantear su misión enfocada en la atención de la “población trabajadora” y  no solo  en la atención   de la “población empleada” del país.

Si se asume este nuevo alcance misional, las CCF estarán obligadas a mirar a los 15 millones de compatriotas que a diario, obtienen sus ingresos propios y familiares en la llamada hasta ahora economía informal, la que en todo caso, no desaparecerá, por más que retóricamente el gobierno o los técnicos económicos le cambien de denominación.

En consecuencia el alcance de sus programas, de sus servicios, de sus estrategias de intervención, deben ser reformulados a partir de esta nueva comprensión del público objetivo y entonces sin demora, las CCF deben iniciar cuanto antes, la vinculación con plenos derechos de esta población, por cuanto, aparte de las formalidades jurídicas de una ley desbordada por la realidad, no hay razón alguna demostrable para que las CCF, resultaran ampliando su horizonte misional, su cobertura de afiliación y sus servicios, a costa de fomentar un nuevo estado de discriminación odiosa e injustificada, en la relación trabajadores empleados formales vs trabajadores autoempleados e informales.

Si las CCF se abren al universo de población autoempleada del país, con seguridad muchos de estos trabajadores autoempleados -independientes e informales-, estarán dispuestos a pagar el aporte de hasta el  4% mensual de  1 SMLV, a condición de tener  la certeza de que recibirán recíprocamente, los beneficios y  derechos de atención del subsidio monetario y social,  en igualdad de condiciones con la población empleada formal.

Este mecanismo de inclusión social puede ser el camino de entrada a la nueva formalidad para un amplio número de compatriotas, que no aceptan la formalización por cuanto la leen como un marco impositivo y regulatorio, que solo les crea obligaciones y responsabilidades, pero pocos o engorrosos derechos a satisfacer.

COMFANDI tiene hoy afiliados a cerca de  700.000 trabajadores “empleados formales”, correspondientes a una base próxima a las 50.000 “empresas formales” afiliadas y, tan solo unos 10.000 “afiliados independientes” (léase autoempleados) y, el alcance de su cobertura de servicios a afiliados y beneficiarios está próxima al millón y medio de personas. Como puede comprenderse, sumando la otra CCF del departamento, escasamente el sistema de Compensación Familiar apenas llega al millón de “trabajadores empleados formales” afiliados en el Valle, quedando por fuera de esta protección un millón y medio de “trabajadores autoempleados, independientes y/o informales” que superan en número los ya afiliados al sistema, aquí en nuestro departamento.  Si a éstos les estimamos otro tanto como  sus beneficiarios, contabilizamos  tres millones de vallecaucanos sujetos potenciales de algún  tipo de subsidio monetario y/o social, a través del sistema CCF.

Esta radiografía explica por si sola la enorme brecha de inequidad y de ausencia de inclusión social que solo en el Valle, uno de los departamentos menos pobres del país, existe, y, que hace inviable cualquier modelo de desarrollo, que no solo no los incluya, sino que además los discrimine y los arrincone como sujetos no aptos de la oferta de colchón social que es la misión fundacional del sistema de las CCF. Ahora más que nunca, esta oferta debe repotenciarse y convertirse en palanca de equidad social y de transferencia transparente, ágil y eficaz de la riqueza colectiva, a través de fondos estatales, empresariales y de cooperación internacional, operados, repartidos y multiplicados por las CCF.

En las actuales circunstancias, Las CCF como repartidoras de programas como “ingreso solidario”, no solo permiten agilidad y transparencia en la tarea, sino que resuelven por vía de la afiliación, las zonas grises de la informalidad combinada con la invisibilidad de los sujetos económicos que viven en ella, e inducen por efecto de reciprocidad obvia, la formalización de una fuerza laboral que hasta ahora solo es visibilizada por la clase política como sujeto temporal y clientelar de subsidios y poco más.

De igual forma, el subsidio y/o préstamo para  las nóminas de las empresas “formales” puede operarse y repartirse a través de las CCF, antes que por los bancos. ¿Quién mejor que las CCF para conocer de cerca la realidad laboral de sus empresas afiliadas? Así que tampoco se comprende la razón por las que sus dirigentes guarden silencio ante esta opción real y efectiva para sofocar el incendio empresarial y laboral que está comenzando.

E igual son muchas las empresas “formales” que no están afiliadas a las CCF porque operan con modalidades de contratación laboral heterodoxas y que también requieren este tipo de apoyo, constituyéndose en oportunidad precisa para atenderlas diligentemente y ganar su interés en el sistema CCF.

Si algo hay que evitar en la actual situación es que las Cajas se encierren en su formalidad jurídica y se nieguen a explorar escenarios nuevos de cobertura, de afiliados y de oferta de servicios; puesto que de no hacerlo, las Cajas terminarán siendo unas más de tantas entidades meritorias pero inerciales y no proactivas ante los desafíos de la hora presente del país, de su economía y de su paz social.

A propósito, es importante recordar a los directivos de las CCF que estas entidades nacieron como “cajas repartidoras del subsidio monetario compensatorio del salario”, que algunas empresas antioqueñas decidieron ofrecer a sus empleados por allá en los años 50 del siglo anterior. Quizás ahora deben retornar a su papel “repartidor”, en beneficio de grandes masas de compatriotas que, o los integramos a la dinámica de la inclusión social dignificante o, los dejamos al garete de una clase política miope, mezquina e incapaz de ofrecerles alternativas de bienestar social, concretas y eficaces.

Las CCF han demostrado gran efectividad en el manejo de recursos para el acceso a programas de vivienda para población afiliada y no afiliada. Igual lo han hecho con la oferta de programas educativos que sirven tanto a afiliados como a no afiliados. Así mismo lo han hecho con la oferta de sus servicios de mercadeo, crédito,   recreación y descanso, tanto para afiliados como para no afiliados. El asunto es que de a poco, casi sin darse cuenta, las CCF han terminado reproduciendo un esquema perverso de discriminación por exclusión en sus propios programas, excepto en los programas de vivienda en los que se han involucrado, “repartiendo” eficientemente  los subsidios que el gobierno les transfiere en beneficio de  población no afiliada.  

Cuando planteo discriminación por exclusión hago referencia a la capacidad de acceso que tiene la población no afiliada que disfruta estos servicios. Casi siempre es población relacionada con sus afiliados directos y con poca penetración en públicos no afiliados de la base de la pirámide social. Ahora entonces es cuando las CCF, deben replantear su modelo de intervención y el alcance del mismo en la población de “trabajadores autoempleados, independientes y/o informales”, que son quienes piden a gritos señales concretas de inclusión y disfrute del pastel del bienestar colectivo, del cual ellas, las CCF, son agentes principalísimos para su irrigación.

En este mismo hilo de argumentación, creo que ya es hora de que las CCF se retiren como operadoras del sistema de salud colombiano. La experiencia ha demostrado que el sistema está mal diseñado, o mejor, está diseñado para convertir a la salud en un negocio de paliativos y de tratamientos, no de prevención y menos de cura de la enfermedad y, siendo así, es una contradicción esencial que las CCF, insistan en seguir jugando como oferentes de un modelo fracasado, el que además puede desbarrancarlas en sus finanzas, por los efectos que el descalabro de su operación pueda tener en su unidad de caja y, hacerles grave daño reputacional por el desprestigio que el sistema tiene entre los colombianos.

Propongo que las CCF afilien ya y sin ningún tipo de discriminación a todo aquel “trabajador-a, autoempleado-a, independiente y/o informal”, que acepte pagar su afiliación a cambio de recibir los “mismos beneficios y derechos” de los afiliados  “empleados formales” que hoy tienen en sus registros.

En su estructura de representación y dirección, obviamente habrá que hacer ajustes en el equilibrio de la participación “obrero-patronal” en la que se sustenta, puesto que es imperativo aceptar que hoy los sindicatos y  empresas formales,  representan apenas una tercera parte de la PEA que está empleada y que casi está doblada por la población “trabajadora autoempleada, independiente y/o informal” que incorpora la doble condición obrero-patronal de los primeros.

Tarea urgente es blindar las CCF de la penetración de los actores políticos, puesto que está probado que el modelo mayoritariamente ha sabido cuidar los recursos económicos puestos a su disposición, ha sabido convertirlos en subsidios monetarios y sociales, ha sido capaz de potenciarlos en diversos otros servicios y ofertas con alcance mayor al de la atención de sus propios afiliados y ante todo, las CCF se han convertido en referentes institucionales de buen gobierno, de buena administración, de calidez en la atención de su base social y en espejo de aprendizaje para otras organizaciones del espectro de la economía social, que han aprendido de su experticia y se han amparado en su reputación.

Un papel importante que deben jugar las CCF es el de servir de agentes reproductores de un tejido de organizaciones emparentadas, pertenecientes al universo de la economía social, para que apliquen en territorios geográficos específicos, en sectores económicos determinados y en sectores sociales particulares (etnias, minorías sexuales, discapacidad, migrantes, reinsertados, víctimas, etc) su esquema de intervención, apoyándose en mecanismos similares al usado por el sector cooperativo con las precooperativas, en las que un agente tutor -en este caso las CCF- pueden promoverlas e incluso direccionarlas temporalmente, hasta consolidarlas, para de esta manera sembrar un amplio mosaico de opciones que le den identidad a la oferta y que canalicen la demanda de bienestar social, con mecanismos de gerencia social probados en las CCF y propulsores al final, de la capacidad endógena de la sociedad civil para empoderarse de su destino común.

Soy consciente que el desafío es grande, pero igual alucinante por su impacto. Ahora se trata de despertar en los dirigentes de las CCF, lo que llamo el “perrenque”, el “querer es poder” de nuestros ancestros. Es esperar que los empresarios y los empleados formales, entiendan de una vez que si la economía cambió, deben cambiar las condiciones sociales en las que atendemos a la población “trabajadora autoempleada, independiente y/o informal”, que  ya es en número, mucho más que la “población obrero patronal tradicional”.

Los fenómenos y los cambios sociales siempre llegan primero irrumpiendo en nuestra inercia funcional. Los ajustes y las nuevas políticas y programas, son producto de la inteligencia aplicada a su examen y a la solución de los traumas que tales cambios generan en nuestro entorno y en  la vida humana personal, familiar y social.

Desde la Corporación Cívica Daniel Gillard CECAN estamos dispuestos a acompañar estas iniciativas y, además, a participar en las actividades de campo que sean necesarias, para convocar, atraer, convencer y animar a la población “trabajadora autoempleada, independiente y/o informal” para que se vincule a las CCF como alternativa para acceder a la oferta de programas y servicios que viabilizan la  equidad y el  bienestar social  que hoy reclama el  país  y que este tipo de organizaciones  pueden brindar con plenas garantías de transparencia, eficiencia y experiencia.

Agradezco su amable atención,

José Alberto Tejada Echeverri

Presidente Corporación CECAN

Director Sistema Informativo CECAN MEDIA

Celular: 3182050668 – [email protected]

*La carta que publicamos en este medio de comunicación se envío a:

Gustavo Muñoz. Presidente del Grupo Multisectorial

Francisco Mejía. Líder Mesa Económica Grupo Multisectorial

Kees Staple. Representante Grupo Multisectorial ante Comfandi